VII

LAS PROVINCIAS ROMANAS

Hacia fines del siglo II a. C, el Estado romano tenía una organización mucho más compleja que en la época de las guerras púnicas. La ciudad de Roma era todavía su centro, con la constitución normal de una ciudad-Estado, un extenso territorio diseminado por toda Italia y un Cuerpo de ciudadanos distribuido por todo el territorio. Alrededor de Roma había otras ciudades-Estado ligados a aquélla por tratados que variaban en diferentes casos: en primer lugar, venían las ciudades latinas, seguidas por las colonias latinas esparcidas por toda la península, y las distantes ciudades itálicas, etruscas, griegas, umbrías y samnitas. Todas ellas estaban agrupadas en torno de Roma como aliadas y formaban una confederación itálica. Aunque constituían una sola unidad en todos los asuntos de política extranjera, las partes componentes de la liga no estaban unidas por un común lazo de sangre y las constituciones individuales de las comunidades aliadas a Roma eran asombrosamente diversas. Tal era la organización del Estado italorromano. Un solo principio servía de sólido cimiento a esta organización: el de que ninguno formaba parte del Estado salvo los ciudadanos y los aliados romanos.

Pero después de la primera guerra púnica, Roma tuvo que enfrentar un problema de gobierno nuevo y difícil. La mitad suroeste de Sicilia, Córcega y Cerdeña, habían sido posesiones extranjeras de Cartago y la población estaba constituida por subditos o vasallos cartagineses; también las islas albergaban algunas ciudades cartaginesas que servían como factorías comerciales, fortalezas y centros administrativos; pero no existían ni huellas de un gobierno local. La población debía pagar una parte fija de sus ganancias, siendo ese tributo un signo y símbolo de su posición subordinada. Al hacer el tratado con Cartago, pero no con las ciudades y tribus del territorio conquistado, estas islas pasaron a constituir una parte del Estado romano. Este hecho planteó un problema: ¿Qué lugar se asignaría a esos territorios en la constitución de la confederación itálica?

Mientras duró la guerra, no hubo cuestión alguna sobre ese punto. La autoridad militar romana, el cónsul o el pretor, resolvían todos los asuntos automáticamente, Pero, al terminar la guerra, se hizo necesario definir la futura situación de esos países. Era improbable que Roma deseara incluirlos dentro de la confederación itálica; la población era demasiado primitiva en sus ideas sociales y políticas, su nivel de cultura, demasiado bajo; era impo­sible concebirlos como aliados. Además, antes de que se incorporasen al Estado romano, esos pueblos no tenían una existencia política independiente lo cual hacía imposible celebrar tratados en igualdad de términos (foedus aequum) con ellos. Para Roma, la solución más fácil de este problema consistía en aceptar las cosas como estaban, sin hacer ningún cambio; por eso se consideró que esos países se hallaban todavía sujetos a la ley militar y se envia­ban anualmente allí magistrados militares.

Desde este punto de vista, el territorio era, de acuerdo con la ley pública romana, la "provincia" o "esfera de actividad" del magistrado romano, cuyos edictos definían la relación de los habitantes con el poder central de Roma. Ésta tomó, simplemente, el lugar de Cartago: el gobernador y el ejército eran romanos, mientras los nativos cultivaban sus tierras y criaban sus ganados, pagando una parte de sus beneficios al poder soberano, representado por el pretor y su ayudante financiero, el cuestor. De este tributo, una parte se gastaba localmente y otra parte se entregaba al tesoro romano. De esta manera los dominios de ultramar pertenecían a Roma exclusivamente y¹ no a la Confederación; el Estado romano, pues, consistía no solo en ciudadanos y aliados, sino también en subditos, concepción, ésta, extraña a las ideas grecorromanas de gobierno y que se había tomado del repertorio de las monarquías orientales. Según la terminología romana, esos subditos eran dediticii, es decir, que se habían rendido incondicionalmente al conquistador; no eran ni ciudadanos (cives), ni aliados (socii) sino extranjeros (peregrini). En Italia, después de la conquista de las diversas comunidades y pueblos, ese estatuto había dado lugar inmediatamente a una amalgama del conquistador y el conquista­do, pero en las provincias continuaba inalterada la relación entre ambos. La aplicación a España del mismo principio era consecuen­cia natural del hecho de que también ese país había sido transferido por Cartago a Roma.

Pero la cuestión era menos simple cuando el resto de Sicilia, la parte que poseían los griegos, pasó a manos del Estado romano al término de la segunda guerra púnica y de la captura de Siracusa. Aquí también, como en Italia, había antiguas ciudades griegas y la población tenía un nivel cultural muy superior al de Sicilia occi­dental. Sin embargo, los romanos no querían apartarse de la línea que se habían trazado. Esas ciudades griegas, que habían sido aliadas de Roma, continuaban siéndolo como antes y se hallaban en la misma situación que Masilia y Sagunto; pero todo el resto de la isla pasó a ser provincia romana. Tal arreglo fue sugerido por el hecho de que, por casi medio siglo, esta parte no había sido gobernada como un grupo de ciudades-Estado independientes, sino como territorio de una monarquía helenística con Siracusa por capital. El tirano de Siracusa consideraba a los habitantes como subditos, los cuales debían pagarle un diezmo del producto de su tierra, un impuesto sobre el ganado, y sobre los beneficios del comercio y la industria. Sin embargo, cuando esos subditos vivían en ciudades o en tierras pertenecientes a ciudades individuales, se les permitía tener un gobierno local con magistrados, consejos y asambleas populares propias. El tirano utilizaba esas autoridades locales para la recaudación de los impuestos que se le debían en la ciudad y en las tierras dependientes de ella. Hierón mantuvo bajo su inmediata autoridad las tierras que no pertenecían a las ciudades en particular, pero en las que había una población dedicada a la agricultura o a la cría de ganado; los impuestos que esa población debía pagar eran recaudados por sus propios funcionarios.

Esas relaciones entre el gobierno y el pueblo continuaron sin cambio alguno. El pueblo romano tomó el lugar de Hierón y los sicilianos se convirtieron en subditos suyos, a excepción de los habitantes de las ciudades aliadas. El pretor y su ayudante financiero, el cuestor, actuaban en nombre del pueblo romano, ejerciendo en la provincia pleno poder militar, administrativo y judicial. La parte occidental de la isla, que se convirtió en provincia romana después de la primera guerra púnica, fue unida a la otra mitad y, en consecuencia, las leyes que habían sido promulgadas por Hierón de Siracusa y confirmadas posteriormente por el Senado y los go­bernadores de Sicilia se extendieron a toda la isla.

Nunca se apartó Roma de esta línea de conducta: los otros dominios de ultramar fueron tratados de la misma manera que Sicilia. Hasta el momento de su anexión, Macedonia y Asia (antes reino de Pérgamo) habían sido, monarquías, con una constitución parecida a la del reino de Hierón en Sicilia; Roma conservó toda la estructuración de gobierno que crearon los reyes helenísticos. Ahí también, el pretor tomó el papel del rey y los decretos y leyes reales se incluían en los "edictos" de los pretores, que les conferían fuerza de ley y se fundaban en ellos para gobernar al pueblo. El pretor era también el juez supremo y dictaba sentencia en caso de que los provinciales no estuvieran satisfechos con las decisiones de sus propios tribunales locales. Asimismo, ciertas ciudades, que habían sido aliadas de Roma, conservaban su estatuto como aliadas y no se incluyeron, en principio, en la provincia. La misma línea de acción se siguió cuando el territorio de Cartago se convirtió en provincia; algunas ciudades fenicias de la costa que habían trai­cionado a Cartago y se habían aliado con Roma durante la tercera guerra púnica continuaron en su condición de aliados aún después de crearse la provincia de África.

Así, desde fines del siglo II a. C. encontramos un sistema complejo de gobierno que se puede describir del siguiente modo: Roma y los aliados itálicos formaban, como antes, el núcleo del Estado. Pero las alianzas romanas se habían extendido. Había nuevos aliados y un considerable número de ellos se hallaban fuera de los límites de Italia. Muchos residían en países que se consideraban como provincias romanas y en los cuales la autoridad civil y militar del pretor era absoluta. En consecuencia, no es sorprendente que fuera difícil distinguir a esos aliados de los subditos, y la tendencia de Roma era la de rebajar su categoría más bien que la de subir a los subditos al rango de aliados. La misma tendencia dominaba la relación de Roma con los amigos y aliados que todavía se consideraban como unidades políticas independientes, tales como las ciudades de Grecia, algunas islas griegas y partes del Asia Me­nor que nunca se habían incluido en la provincia romana de Asia, ni tampoco en alguno de los reinos helenísticos que aún existían. Nominalmente, esas ciudades eran Estados independientes pero, en realidad, su situación difería muy poco de la de las ciudades aliadas cuyo territorio formaba parte de una provincia romana. A ambas por igual daba a Roma sus órdenes y, por lo general, no lo hacía directamente sino a través del gobernador de la provincia más próxima; así, por ejemplo, el pretor de Macedonia trataba con Grecia y el pretor de Pérgamo, con Asia Menor.

Los monarcas helenísticos de Oriente y los reyes de Numidia y Mauritania no salían mejor parados; también ellos eran meros vasallos de Roma y su política extranjera dependía por completo de ella. Los más prudentes entre ellos no intentaron afirmar su independencia en sus relaciones exteriores y siempre trataban de descubrir los deseos de Roma, antes de dar un paso en tales asuntos.

La formación de las provincias como una parte del Estado romano fue de capital importancia en el desarrollo político de Roma e Italia. Roma podía contar con los recursos de sus nuevas posesiones, como principal fuente de ingresos, pero sus propios ciudadanos sentían cierta repugnancia a servir en guerras lejanas. Por eso, Roma fue más estricta que nunca en el servicio que le debían sus aliados itálicos y comenzó a tratarlos, como era natural, del mismo modo que a sus aliados de ultramar, interviniendo en sus asuntos internos y exigiendo una obediencia completa a sus edictos. No era menos natural que los aliados itálicos pidieran una participación en las ventajas logradas de los dominios extranjeros que ellos habían ayudado a conquistar. Pero los ciudadanos no estaban dispuestos a compartir sus posesiones y rentas con los aliados, y todavía se hizo más fuerte su resistencia a extender el derecho de ciudadanía. Es evidente que tenía que surgir una¹ colisión entre ciudadanos y aliados.

Es dudoso que el sistema romano de gobierno provincial llegara a ser popular entre los subditos, en especial en Oriente y entre los griegos, que tan alto estimaban las puras formas externas de autogobierno e independencia política. Pero, aparte de eso, la forma real de gobierno era tal, que no garantizaba los derechos y la justicia a los provinciales. Después de todo, los reyes helenísticos tenían en cuenta los sentimientos de sus subditos, aunque solo fuera en vista de su bienestar personal. Pero el Senado y los magistrados romanos veían las provincias como "propiedades del pueblo romano" (praedian populi Romani), en cuya prosperidad se interesaban muy poco. Hubo, en verdad, no pocos gobernadores honestos que deseaban el bienestar de las provincias. Pero el simple hecho de que un hombre fuese gobernante absoluto de un vasto país y que luego lo dejara al término de un año tenía que producir un efecto corruptor en los gobernadores. Así, se puso cada vez más de moda que el gobernador explotara a los provinciales y aliados en provecho propio, y considerara su cargo como una mina de oro y un medio para adelantar su carrera política. Es cierto que no estaba prohibido quejarse de los gobernadores deshonestos ante el Senado y el pueblo romano; pero los provinciales no tenían facilidades para garantizar una justa investigación de sus quejas. Para las ciudades griegas que poseían organización y dinero, este procedimiento era posible, pero, para la población en general, que vivía fuera de las ciudades, tal intento era completamente inútil.

Este sistema de gobierno provincial contribuyó en sumo grado al surgimiento de esas nuevas condiciones económicas y sociales de las que hablaremos en el próximo capítulo; también contribuyó a cambiar, en el siglo II a. C, la mentalidad de la clase dirigente. El patriotismo pasó a segundo término y aparecieron en primer plano los motivos personales, a menudo puramente egoístas.