IX

LOS GRACOS Y EL COMIENZO DE LA REVOLUCIÓN

POLÍTICA Y SOCIAL EN ROMA

Las condiciones peculiares que habían alcanzado pleno desarrollo en Roma, en el siglo II a. C. no constituían un secreto para los pensadores de todos los partidos y modos de pensar, fuesen nacionalistas, amantes de Grecia o reformadores radicales. Eran suficientemente claros los aspectos discutibles del sistema vigente y los peligros que amenazaban el sano desarrollo del Estado. Era evidente que el poder de una sola clase, el pequeño grupo de familias nobles que utilizaban ese poder para fomentar sus propios intereses, resultaba muy pernicioso para la colectividad, ya que la existencia de tal poder conducía fatalmente a una creciente pérdida de valores morales de la clase dominante. Cada partido formuló diferentes remedios para atacar la enfermedad. Catón trató de dominarla echando a un lado lo que él consideraba, la raíz de ese mal, es decir, la influencia de Grecia, y persiguiendo ante los tribunales a los representantes individuales de la aris­tocracia gobernante. Escipión y sus amigos propusieron un con­junto de reformas moderadas en el sistema social y económico. Los reformadores radicales no veían ningún medio de recuperación, salvo que se desencadenara una reanudación de la lucha entre las clases, en la que el partido popular debía ser conducido, como lo fue anteriormente, por los tribunos del pueblo; su objetivo consistía en restablecer el completo control popular según el mo­delo ateniense y destruir la influencia predominante del Senado en los asuntos públicos.

Pero todos comprendían con claridad que el problema de modificar la constitución no se podía resolver sin hacer reformas en la vida social y, en especial, en la esfera económica. En este último aspecto, el mal fundamental estribaba en el crecimiento vertiginoso de las grandes propiedades y el descenso simultáneo de pequeños y medios propietarios. El resultado era un aumento en la población esclava de Italia, que trabajaba en las grandes propiedades de los nobles, y una disminución de los que formaban el núcleo del ejército, quedando así perjudicado el poder bélico del Estado. Una prueba palmaria del peligro que representaba el sistema de empleo de mano de obra esclava se pudo ver durante el tribunado de Tiberio Graco (133 a. C. ), cuando los esclavos se lanzaron a una rebelión feroz y enconada, tanto en Sicilia como en Asia Menor. La historia pasada de Roma y el ejemplo de la ciudad-Estado griega probaban que era posible luchar contra el incremento de las grandes propiedades. En el siglo IV a. C, se había aprobado la ley de Licinio, por la que se limitaba la superficie de tierra pública que cada ciudadano podía ocupar y utilizar; pero esa ley, aunque se renovó a comienzos del siglo II, continuó siendo letra muerta. En Grecia se solían confiscar grandes propiedades para repartirlas entre los necesitados. Todos los estudiantes de historia griega sabían perfectamente que los reyes Agis y Cleó­menes habían realizado en Esparta una redistribución de tierras en el siglo m a. C. Una medida radical en ese sentido parecía fácilmente hacedera en Roma, donde las grandes posesiones de los nobles estaban 'situadas en terrenos que pertenecían al Estado. Esas tierras habían sido otorgadas a los nobles de Roma o de las ciudades aliadas, pero no a título definitivo, sino en arriendo por muchos años o por tiempo indeterminado. Ante la ley, esas tierras pertenecían al Estado.

La cuestión de los aliados era muy importante en la política itálica. Los aliados lucharon denodadamente por conseguir la ciudadanía romana, ya que éste era el único medio de participar en el gobierno del Estado. Pero, a medida que pasaba el tiempo, era cada vez más difícil, incluso para los ciudadanos individuales de las ciudades aliadas, la adquisición de esa ciudadanía. Mientras que se admitía en el cuerpo de ciudadanos a antiguos esclavos, el Senado y los magistrados ponían tales obstáculos al acceso a este privilegio en el caso de los aliados, que solo se concedió a unos pocos durante el siglo II. Los aliados hicieron todo lo posi­ble, naturalmente, para que desaparecieran esos impedimentos y, ante la obstinación del Senado y de la asamblea popular, surgió un creciente descontento que incluso condujo a tentativas de rebelión armada. En el año 125, después de la muerte de Tiberio Graco, comenzó una revuelta, encabezada por Fregelas y Ásculo, que fue reprimida sin piedad.

Aunque la mayoría de la aristocracia gobernante, en otras palabras, la mayoría de los senadores tenía plena conciencia de los obstáculos que impedían la libre marcha hacia un progreso efectivo del Estado, sin embargo, no estaban dispuestos a empren­der una reforma seria en ningún sentido. Cualquier posible re­forma afectaba, de un modo u otro, su orgullo o su bolsillo. Pero había senadores que simpatizaban con las reformas, aun con las más radicales. La mayoría de este último grupo era relativamente joven y se había educado en las ideas democráticas griegas; eran ambiciosos, pero inspirados en el más sincero patriotismo. Uno de ellos era Tiberio Sempronio Graco, de educación superior, totalmente honesto y de una notable capacidad. Si bien su familia provenía de una gens plebeya, ya hacía tiempo que ocupaba una posición prominente en la vida pública y se la contaba entre las familias que constituían la alta aristocracia. La carrera de su padre había sido muy brillante e incluso gloriosa; su madre per­tenecía a la casa de los Escipiones. El propio Tiberio inició su carrera de la manera acostumbrada. A los quince años de edad, luchó en Cartago bajo el mando de su primo Escipión Emiliano, distinguiéndose en la campaña. En 137, fue elegido cuestor a la edad de veinticinco años y enviado a España con el cónsul Cayo Hostilio Mancino. En su condición de cuestor, tuvo que firmar el ignominioso pacto por el que Mancino salvaba su ejército a costa de la rendición. El Senado se negó a ratificar el pacto. Fue un duro golpe para Graco; su participación en la vergonzosa transac­ción no le auguraba un brillante porvenir.

Al volver a Roma, entró en estrechas relaciones con el grupo de reformadores que había en el Senado, encabezado por Apio Claudio y Publio Licinio y su hermano menor, Cayo, se casó con una hija del otro líder. De acuerdo con ellos Craso Muciano se casó con una hija de Apio e influido por su propia experiencia, Tiberio preparó un extenso proyecto que tenía por objeto mejorar la calidad combativa del ejército que se había deshonrado al ren­dirse en Numancia. Graco consideraba que era el único medio de alcanzar la finalidad deseada, mejorar la situación del campesinado romano y aumentar su número mediante la concesión de tierras a los ciudadanos romanos, tuvieran o no derecho a ello. Una reforma tan radical solo podía llegar a buen término a través de la asamblea popular. Y como, según los usos romanos, los tri­bunos gozaban de derecho de iniciativa en materia legislativa, Ti­berio se presentó como candidato al tribunado en 133 a. C. En sus discursos electorales, Graco puso de manifiesto su programa. Una vez elegido, presentó su plan agrario ante la asamblea popular. En realidad, decía él, solo se trataba de la renovación de una ley existente. Según su plan, ningún ciudadano podía poseer más de 500 iugera de tierra pública; pero este máximo se podía doblar si un hombre tenía dos hijos mayores. El resto de la tierra pública, que se hallaba en ese momento en manos de los grandes señores, se debía recobrar y distribuir en lotes entre los ciudadanos romanos sin tierra. Por otra parte, la cantidad de tierra conce­dida, 500 ó 1. 000 iugera según el caso, debía convertirse en pro­piedad plena del presente tenedor, previa renuncia del Estado a su derecho de propiedad. Pero la tierra otorgada a los necesitados no se convertía en propiedad privada; los nuevos poseedores no podían venderla y tendrían que pagar un impuesto o renta espe­cial (vectigal) al Tesoro. Para poner en ejecución esta ley, se nombraba una comisión de tres miembros con atribuciones para tomar las tierras, pronunciar sentencias en casos dudosos y dis­tribuir los lotes entre los que tuvieran poco o nada en absoluto.

La presentación del proyecto ante la asamblea popular trajo como consecuencia la división de los ciudadanos romanos en dos campos: el rico y el pobre. El mismo efecto produjo entre los aliados, cuyas condiciones agrarias no eran muy diferentes y en donde la aristocracia local ocupaba una buena parte de la tierra que pertenecía a Roma o a la comunidad particular. Los ricos se agruparon en torno a la mayoría del Senado, mientras que los pobres apoyaban plenamente a Graco. El día de la votación acudió a Roma una multitud de campesinos, algunos procedentes de distantes comunidades de ciudadanos y de aliados. Era indudable que si se presentaba la ley, ésta sería aprobada por una inmensa mayoría. El Senado decidió recurrir a una antigua disposición constitucional. Algunos tribunos eran favorables al Senado y Octavio, uno de ellos, dio su veto contra la votación. Este veto era la sentencia de muerte para la ley. Tiberio pidió al Senado que no se opusiera a la ley pero fue en vano. Solo le quedaban ahora dos soluciones: aceptar la derrota o recurrir a medidas anticonstitucionales. Después de muchas vacilaciones, adoptó la segunda solución. Propuso a la asamblea una medida sin pre­cedentes: que se revocara al tribuno por haber traicionado la causa popular que estaba en la obligación de defender, de acuerdo con la finalidad del tribunado. El pueblo votó la revocación de Octavio y nombró un sucesor para el cargo vacante. Después se aprobó la ley agraria. De acuerdo con sus disposiciones, se designó una comisión compuesta de tres miembros, Tiberio Graco, su suegro Apio Claudio y su hermano Cayo Graco, un joven de veinte años. Esa comisión comenzó de inmediato su trabajo.

Sin el apoyo de los tribunos, esa comisión carecería de fuerza y el éxito en sus actividades dependía por entero de la composición de ese cuerpo en el año siguiente. Por otra parte, Graco no pensaba en detenerse después de la aprobación de la ley. Cuando Átalo ofreció su reino de Pérgamo al pueblo romano, Graco rompió con las costumbres establecidas y, sin previa consulta al Senado, presentó una ley ante la asamblea popular, decidiendo la formación de una nueva provincia romana y empleando la herencia para engrosar los fondos de la comisión. Era clara su intención de que, en la medida de lo posible, todos los asuntos públicos dejaran de ser de la competencia del Senado para pasar a la decisión directa de la asamblea nacional. Y, para lograr este objetivo, se precisaba que el cuerpo de tribunos que habían de ser elegidos al año siguiente simpatizara con la política de Tiberio y que él también formara parte de ese cuerpo.

Por esa razón, se presentó de nuevo como candidato en el año 132 a. C. y procuró que los otros postulantes fueran partidarios suyos. Aunque no existía una ley contra la reelección de tribunos, sin embargo, tal hecho era contrario a las costumbres establecidas, que en Roma tenían a menudo más fuerza que las propias leyes escritas y sus opositores atacaron duramente su nue­va candidatura. Su manifiesto electoral también fue objeto de una severa crítica. Graco incluía en su programa el acortamiento del período de servicio militar, cambios en la composición de los ju­rados y más facilidades a los aliados para la obtención de la ciudadanía. El Senado creía o pretendía creer que Tiberio tendía hacia la monarquía o hacia una tiranía como las griegas. El día de la elección, cierto número de sus partidarios no estuvo en condiciones de acudir por estar ocupado en sus trabajos en el campo y el partido senatorial aprovechó esa debilidad para atacarlo con toda su fuerza. Por último, hubo un conflicto armado en el espacio abierto del templo Capitolino; los partidarios del Senado dominaron. Tiberio fue asesinado, muchos de sus segui­dores resultaron muertos en la refriega y, más aún, fueron sentenciados a muerte poco después. El asesinato de Tiberio fue, indudablemente, un acto revolucionario, ilegal; pero el Senado lo justificó como medio de suprimir una rebelión iniciada por el tribuno.

Sin embargo, los reformadores radicales no se. dieron por vencidos. Su actividad se reanudó cuando Cayo Graco, el hermano menor de Tiberio, después de pasar dos años en Cerdeña como cuestor, alcanzó la edad que le permitía presentarse como candidato al cargo de tribuno. En 124 a. C, fue elegido para ejercer su cargo al año siguiente, e inmediatamente presentó un plan de reformas elaborado con más precisión que el de su hermano. No se sabe en qué orden presentó Cayo Graco sus leyes; en cambio, tenemos una información más o menos detallada de cada una de ellas. Probablemente, la mayoría de esas leyes se presentaron en el primer año de su tribunado. Esas leyes formaron el programa del llamado partido democrático que se fundó a la muerte de los Gracos e hizo una guerra incesante contra el Senado. Sus objetivos esenciales pueden resumirse de la manera que a continuación damos.

En primer lugar, trataba de transferir del Senado a la asamblea popular el derecho de decisión sobre todos los asuntos importantes o, dicho de otro modo, establecer en Roma una democracia de acuerdo con el modelo ateniense. Para asegurar este punto no se precisaba ninguna ley especial; según la constitución, todos los asuntos de importancia debían ser resueltos, al menos en teoría, por la asamblea popular; la innovación consistía en que cuestiones cuya decisión dependía consuetudinariamente del Senado, eran ahora presentadas por Graco, en su condición de tribuno, ante la asamblea popular para que ésta las examinara y decidiera. En segundo lugar, Graco presentó una nueva ley agraria, para llevar a cabo la confiscación de tierras públicas, en mayor escala, y para reanudar el parcelamiento de tierras para los ciudadanos. De acuerdo con ese plan, las concesiones de lotes no debía limitarse a Italia sino que también la tierra pública de las provincias había de utilizarse para ese mismo fin, en tal sentido presentó una serie de leyes para la fundación de colonias romanas en el sur de Italia y en las provincias; una de ellas consistía en ocupar los lugares en donde estaban las ruinas de Cartago. En tercer lugar, Graco tenía la intención de extender la ciudadanía romana a los latinos y, probablemente, también a sus aliados itálicos. A este efecto presentó una ley en su primer año de tribunado, pero la asamblea popular no la aprobó entonces ni tampoco un año después. Esa ley estaba estrechamente relacionada con su ley agraria, ya que parte de la tierra pública estaba ocupada por las comunidades de aliados y latinos, y también por terratenientes que eran ciudadanos de esas comunidades. Finalmente, había otra ley, probablemente relacionada con la anterior, que modificaba las condiciones de servicio en el ejército para los ciudadanos y los aliados.

Junto con esas cuatro leyes fundamentales, Graco propició otras medidas igualmente subversivas que tal vez no pretendía que fuesen permanentes, sino meras armas transitorias contra sus opositores. La principal de esas medidas se refería a los tribunales judiciales que ya no estarían compuestos solamente de senadores, sino también y quizás en el mismo número, de equites. Esta clase de hombres de negocios y capitalistas, que no participaban en los asuntos públicos, salvo en el servicio militar, era ya poderosa y estaba adquiriendo una gran influencia política, ya que ante los tribunales se presentaban no solo los asuntos civiles, sino también los casos de magistrados romanos que habían abusado de sus atribuciones. Al mismo tiempo, una ley que regía la provincia de Asia, extendía las actividades de los caballeros (equites) a la esfera de las finanzas públicas. Anteriormen­te, los impuestos y cargas que se imponían en el Asia Menor eran pagados por los gobiernos de las diversas ciudades al gobernador romano y éste, a su vez, entregaba lo recaudado al Tesoro de Roma; pero ahora la recaudación se entregaba a compañías romanas capitalistas las cuales realizaban esa operación por medio de sus agentes. Durante algún tiempo, hasta que los senadores se avinieron a ese cambio, esas medidas enfrentaron al Senado con los equites, que era el objetivo esencial de Graco. Su efecto temporal fue mejorar la administración de justicia y aumentar los ingresos públicos; pero en definitiva no hizo más que complicar la situación y empeorarla, al aumentar el número de personas que se podían enriquecer a costa de las provincias, sin que los habitantes tuvieran una seguridad mayor de que estarían gobernados justa y honestamente.

De no menos importancia para la futura historia de Roma fue la llamada "ley del trigo" de Graco, según la cual el Estado estaba obligado a vender trigo a los ciudadanos de la capital a precios más bajos que los del mercado. Tal medida estaba imbuida del espíritu de la democracia ateniense, que afirmaba que los ciudadanos podían disponer a voluntad de la renta pública o, dicho de otro modo, tenían derecho a gastar el dinero público para el sostenimiento y comodidad de los ciudadanos particulares. Esa ley fue recibida con entusiasmo por el populacho romano. Tal costumbre de alimentar a las turbas romanas a costa de las provincias continuó no solo después de la caída de Graco, sino también en tiempos de la República, aunque quizás el propio Graco única­mente la consideraba como un arma transitoria que le aseguraba el apoyo de las clases bajas, base de su fuerza principal. Con la misma finalidad y también para facilitar la redistribución de la tierra, y proveer de mercado a los nuevos colonos, Graco comenzó a construir cierto número de nuevos caminos en Italia, tanto para fines militares como económicos.

Es probable que poco antes del tribunado de Graco se presentara una ley permitiendo la reelección de un tribuno. Por ese motivo, su candidatura para el año 122 a. C. no encontró la oposición que terminó con la muerte de su hermano. Pero el Senado procuró asegurarse la elección de otro candidato, M. Livio Druso, un hombre capaz e influyente, adherido a esa institución, orador elocuente y hábil demagogo. Cuando Graco fue a Cartago para organizar la colonia de ciudadanos romanos, ausentándose por setenta días, Druso comenzó una violenta agitación contra su colega. Aprovechó la superstición de las masas para demostrarles que el suelo de Cartago había quedado maldito después de la destrucción de la ciudad. También atacó todo el plan de coloni­zación en ultramar y, en nombre del Senado, ofreció fundar doce colonias en Italia con 3. 000 ciudadanos en cada una. Esos ataques y proposiciones contrarios minaron bastante la influencia de Graco. Su situación se hizo todavía más difícil cuando, a su vuelta a Roma, trató de presentar ante la asamblea popular disposiciones concediendo la plena ciudadanía romana a los latinos y derechos latinos a las ciudades itálicas. El Senado replicó expulsando de la ciudad a todos los que no eran ciudadanos romanos y reali­zando una dura campaña contra la nueva legislación. Hasta el cónsul Fannio, cuya elección fue apoyada por Graco, sufrió una derrota cuando se. presentó de nuevo al tribunado el 122 a. C.

Después de esta derrota, comenzó la lucha entre sus partidarios y los del Senado. Personalmente, era todavía uno de los tres miembros designados para llevar colonos a Cartago y, por consi­guiente, no podía ser perseguido debido a su cargo oficial. Pero los augures estaban inquietos por los portentos ocurridos en Cartago, en donde las hienas habían sacado, por la noche, los mojones que servían de límites, y el Senado, actuando en su nombre, pro­puso a la asamblea popula* que abrogara la ley por la que se fundó la colonia. Uno de los tribunos propuso a la asamblea su anulación. El día de la votación, el pueblo se congregó en el Capitolio. Graco iba rodeado por sus partidarios armados. Antes de comenzar la votación, cierto Quinto Antullio fue asesinado mis­teriosamente por alguien de la multitud que rodeaba a Graco y en presencia de éste. El Senado aprovechó este pretexto para declarar que Graco y sus partidarios eran unos sediciosos. Al mismo tiem­po, movilizó a los equites que habían retirado su apoyo al tribuno y llamó en su ayuda a un destacamento de arqueros cretenses que se encontraba en Roma. Los otros también se armaron. Se pusie­ron en pie de guerra; ocuparon el Aventino, cuyos residentes pertenecían en su mayoría al proletariado, y se atrincheraron en el templo de Diana. El Aventino fue acometido por las fuerzas del Senado. Graco huyó y, cuando sus enemigos le iban a la zaga, se quitó la vida en el bosque de Furrina, en la orilla derecha del Tíber. Unos 250 partidarios suyos cayeron peleando y cerca de 3. 000 fueron muertos, poco después, sin previo juicio, procedimiento justificado por el senatus-consultum ultimum, declaración de estado de guerra.

A la muerte de Cayo Graco siguió una reacción conservadora. Sin embargo, sus enemigos no osaron abrogar algunas leyes suyas, por ejemplo la del trigo. También se conservó por algún tiempo la ley admitiendo caballeros en los jurados y la entrega de la recaudación de impuestos en Asia a compañías contratantes. La comisión que Tiberio creó y que Cayo había renovado continuó, asimismo, por cierto tiempo. Pero esa comisión perdió el derecho a dirimir las disputas entre los viejos y los nuevos ocupantes; se derogó la prohibición de ventas de parcelas, hasta que, finalmente, la comisión cesó en sus actividades y las parcelas Volvieron a pasar, poco a poco, a manos de los capitalistas. Pero la reacción no destruyó las ideas que habían inspirado a los Gracos. Su obra fue continuada después de su muerte por un grupo de sus partidarios que tomaron el nombre de populares, defensores del pueblo. Sus esfuerzos se dirigían fundamentalmente contra el Senado y sus armas eran las medidas propuestas por Cayo Graco, que ahora se habían convertido en programa del partido popular. En oposi­ción a los populares, el partido senatorial se denominó optimates, es decir "los mejores". La lucha de los dos partidos no giraba realmente en torno al programa de Graco: control completo por parte de la Asamblea popular, reparto de tierras a los necesitados, colonización de las provincias por ciudadanos romanos. El objetivo real de la contienda entre ambos, populares y optimates, era la dirección del Estado. Los demócratas se esforzaban en arrancar el timón del gobierno de las manos del Senado, mientras que los optimates luchaban por mantener su antiguo e indiscutido control de los asuntos públicos. Esa contienda se prolongó por mucho tiempo y condujo a una serie de guerras civiles, de un carácter excepcional tanto por su duración como por su ferocidad. La actividad de los Gracos fue objeto de apasionados debates y se juzgó de diversos modos, tanto mientras estaban en vida como después de muertos. Los políticos romanos estaban divididos en dos grupos, para los cuales los Gracos eran o unos criminales, o bien unos héroes, según el partido a que se pertenecía. Dadas las condiciones políticas anormales de aquel tiempo, no había posibilidad de emitir un juicio moderado y sin partidismo. Tampoco es mucho más fácil para el historiador moderno emitirlo actualmente. Nuestra propia época está llena de los mismos contrastes violentos que se presentaban en tiempos de los Gracos y en los años que siguieron a su muerte; también los modernos pensadores sustentan opiniones divergentes. Es indiscutible que los Gracos estaban inspirados por las más nobles intenciones y plenamente convencidos de que sus acciones eran justas. Pero también es cierto que no advirtieron la dificultad y la complejidad de la situación. No es probable que previeran el resultado final de su política revolucionaria. Aun en el caso de que el programa de los dos hermanos se hubiera realizado en su totalidad, difícilmente hubiese bastado para producir un cambio radical en la situación. Querer establecer en Roma una democracia como la griega era un sueño o una farsa y, aunque se hubiera concedido una parcela de tierra a cada miembro del proletariado, nunca se hubiese podido revivir el tiempo viejo en los que el Estado basaba su seguridad en una fuerte población campesina. Debieron tener presente el poder y la influencia de las clases superiores, y recono­cer el hecho de que Roma era una potencia mundial. La recta manera de obrar hubiera sido suavizar, y no exasperar los senti­mientos de clase, idear nuevas formas de gobierno para el Imperio Romano y no tratar de revivir las antiguas instituciones democráticas de Grecia. Pero los Gracos ni hicieron eso ni procuraron hacerlo y, por consiguiente, su acción no condujo más que a un conflicto prolongado y sangriento.