Cuarta Parte

LA VIDA SOCIOECONÓMICA

20               El colapso económico del mundo romano

Cualquier estudio que tenga por objeto la economía de la España visigoda tiene que partir, forzosamente, del estudio de la economía del Bajo Imperio ya que existe una evolución continuada, sin grandes cambios, que no permite contemplar la época visigoda desde este punto de vista, como un período distinto del correspondiente a los últimos siglos del Imperio. Si desde el punto de vista político las invasiones bárbaras del siglo V inauguraron una nueva época caracterizada por la sustitución del poder imperial por el correspondiente a los reinos «epígonos» instalados en las ruinas del antiguo Imperio de Occidente, desde el punto de vista económico no existe solución de continuidad entre la infraestructura económica del Bajo Imperio y la de los siglos siguientes. Por ello, hace ya muchos años, el historiador belga Henry Pirenne, fijándose en la esencial unidad que se da en la vida económica del Bajo Imperio y en la de los siglos V al VIII, emitió su teoría, hoy comúnmente aceptada, de que el comienzo de la Edad Media no habría que situarlo, como se había venido haciendo tradicionalmente, en la caída del Imperio de Occidente sino, mejor, cuando la irrupción de los musulmanes en el Mediterráneo, en el siglo VIII, alteró profundamente los fundamentos en que se basaba la economía occidental.

La vida económica de la España visigoda fue una continuación de la vida económica de los siglos del Bajo Imperio. Lo que más la caracteriza es el continuar con la situación deprimida que arranca, en último término, de la crisis económica (que, evidentemente, tuvo repercusiones en el campo social y político, hasta el punto de que puede encontrarse en ella la causa remota de la caída del Imperio) que se abatía sobre el mundo romano, especialmente el occidental, desde el siglo III d. C. Por ello un estudio, aunque sea superficial, de las causas, desarrollo y efectos de esta crisis ha de preceder, necesariamente, a cualquier intento de toma de contacto con la vida económica de la España visigoda.

Los orígenes de esta crisis que, como ya se ha dicho, sólo afectó, al menos de forma grave, a la mitad occidental del mundo romano (y ahí es donde está la causa de que el Imperio de Oriente sobreviviera a las invasiones bárbaras, o, al menos, la causa principal de las varias que influyeron en este hecho) no están aún claros. Se habla de que una baja de la natalidad provocó un descenso de la demanda de productos agrícolas e industriales, porque provocó una disminución del mercado de consumo y ello acarreó el comienzo de la crisis. No obstante esta teoría deja por explicar la causa de aquella baja de la natalidad, lo que ha impulsado a algunos autores a interpretar el fenómeno al revés: fue una crisis agrícola que redujo los medios de subsistencia y provocó, a causa de la miseria, una serie de epidemias; su consecuencia última fue el descenso de la población y la consiguiente reducción del mercado que absorbía la producción industrial, que también entró en crisis. Como se ve, la causa última —si es que fue sólo una, lo que parece improbable— de la crisis del siglo III d. C. dista de estar claramente determinada. No se va aquí, por supuesto, a entrar en este tema.

Pero sí a tratar de aquellos aspectos de la política agraria, monetaria, fiscal e industrial que fueron a la vez causa y consecuencia de la ruina económica, y por lo tanto política, del Imperio de Occidente.

En lo que respecta a la agricultura, desde el siglo II d. C. se van notando diversos síntomas de una profunda crisis de este sector económico. Se debía, por un lado, a las medidas tomadas por el poder imperial en orden a determinar el status jurídico del propietario y del cultivador de la tierra, y por otro a la competencia de los productos agrícolas de los países del Próximo Oriente. En cuanto al primer punto, desde comienzos del siglo II se asiste a un alarmante desarrollo del latifundismo en las regiones occidentales del Imperio; la causa es que los miembros de la nobleza senatorial o ecuestre, enriquecidos con el comercio con Oriente, empiezan a comprar las tierras pertenecientes al Estado romano (ager publicus) que, siglos antes (en los años 132-122 a. C), los Gracos habían intentado distribuir en lotes re­ducidos a los campesinos pobres. Este proceso se veía agravado porque la competencia de los productos agrícolas orientales, más baratos, hacían poco rentables las pequeñas explotaciones y sus propietarios, cargados de deudas, se veían obligados a vender sus tierras a los acaudalados latifundistas que así aumentaban enormemente sus propiedades.

Pero lo auténticamente grave del problema es que, en muchos casos, este proceso de acumulación de tierra no se hacía con intención de aumentar su producción, sino simplemente por el prestigio que el ser latifundista comportaba cara a hacer una brillante carrera política. Por lo cual, paralelamente al proceso de acumulación de tierras en manos de un solo propietario, se fue dando otro de fragmentación de las explotaciones que se iban haciendo menos rentables. Efectivamente, antes las grandes propiedades eran explotadas directamente por sus propietarios, mediante tinos mayordomos (villici) que dirigían grupos de trabajadores esclavos (familiae); pero a partir del siglo II d. C. es frecuente que el propietario se desentienda del cultivo directo de sus tierras, que entrega en lotes a arrendatarios (que a veces eran sus antiguos esclavos manumitidos) o colonii. Estos carecían de dinero para perfeccionar sus explotaciones de forma que fuesen más rentables frente a la competencia oriental o para llevar adelante una re­conversión de cultivos que no sufrieran los efectos de aquélla y fueron la causa del estancamiento técnico de la agricultura durante el Bajo Imperio.

Aunque los colonii eran teóricamente libres, se promulgó en tiempos del emperador Adriano (117 138 d. C.) la denominación Lex Manciana bajo la apariencia de un cuerpo legal que tendía a proteger al arrenda­tario de la evicción, por parte del propietario. En realidad constituía el fundamento legal de la ten­dencia que perfilándose en los años posteriores, según la cual, el arrendatario o colono, por las presta­ciones de trabajo que debía al propietario y al Imperio (reparación de calzadas y otros trabajos públicos), quedaba, de hecho, adscrito a la tierra que cultivaba y no le era posible el abandonarla. A este respecto una ley promulgada en tiempos de Constantino, concretamente en el año 331, ya establecía claramente las penas que se impondrían a los colonos que intentasen escapar de sus tierras.

Este proceso de concentración de la propiedad de la tierra y de fragmentación de las explotaciones se fue agravando en los últimos tiempos del Imperio. Ante las presiones del fisco —de las que ahora hablaremos— y el peligro bárbaro, del que sólo podía librar al pequeño campesino el gran terrateniente y no el poder público que era ya casi inexistente, los labradores libres propietarios de las tierras que cultivaban decidieron entregarlas, con sus personas, a los grandes latifundistas; pasaron a cultivar las tierras que les habían entregado como colonii [14] a cambio de protección ante el fisco y los bárbaros.

Todo este proceso tuvo por consecuencia una baja de la producción en la agricultura occidental, que obligó al Imperio a realizar importaciones, cada vez más gravosas, de artículos de lujo (perfumes, seda, drogas, piedras preciosas, animales salvajes para el circo, etc.) y de primera necesidad de Oriente. A pesar de que sobre las provincias orientales del Impe­rio (especialmente Egipto), pesaba el impuesto lla­mado anonae, consistente en el abastecimiento de trigo para Roma y el ejército, las importaciones a las que se hace referencia se debían pagar con metales preciosos, pues la balanza comercial era, con mucho, deficitaria para Occidente; ello obligó al Estado a empezar una serie de devaluaciones en la moneda, para conseguir mayor numerario con el que hacer frente a las importaciones de Oriente y a los gastos del ejército. Ya Nerón, en el año 64, utilizó una medida de este tipo para atender a sus gastos; como éstos fueron en aumento con los siguientes emperadores, a pesar de que se descubrieron minas de metales preciosos en Dacia (oro) y Macedonia (plata), las devaluaciones continuaron, hasta el punto de que el denario de plata, además de perder peso, experimentó un descenso, en su ley, del 99 al 70 por ciento en los dos primeros siglos de nuestra era.

Ya se ha indicado cómo la crisis agrícola provocó el hambre y, a consecuencia de ésta, una serie de epidemias que causaron un evidente descenso de la población occidental —que el estado actual de nuestros conocimientos no permite evaluar con un mínimo de exactitud—. A la vez, la crisis financiera provocó un aumento de la presión fiscal sobre el agricultor romano, no sobre el propietario que, en general, no se encargaba, como ya se ha dicho, de la explotación de sus tierras, y que, por otro lado, tenía la suficiente influencia como para corromper, a su favor, a los agentes fiscales. Por último, la generalización de la miseria trajo la crisis del comercio y de la industria. Efectivamente, si el agricultor —que constituía, con mucho, la mayor parte de la población imperial— veía reducida su capacidad adquisi­tiva, se abstenía de comprar productos industriales; así perjudicaba a la industria local y al comercio que se encargaba de la importación de productos industriales orientales. La crisis, pues, afectó a todos los sectores económicos.

Estela leonesa (según Camps)

De esta forma, se llega al colapso del siglo III; poca producción agrícola, hambre, despoblación, estancamiento industrial y comercial y presión fiscal; ya que el estado necesita dinero para atender a sus gastos militares, que eran cada vez mayores ante el agravamiento del peligro bárbaro, y a sus importaciones para atender a las necesidades de Roma y gran parte de Italia, al no producir nada son grandes consumidores de productos de lujo y de primera necesidad.

Todo ello provoca una ruralización de la vida en el mundo romano occidental. Ante el colapso general de la economía de esta zona, la vida de las ciudades (cuya función esencial es el artesanado y el comercio) decae, y los latifundistas prefieren retirarse a sus grandes propiedades rústicas (villae) donde se crea una economía autárquica. En cada gran explotación se produce todo lo necesario para la supervivencia del grupo, y para su defensa frente a unas incursiones bárbaras que el poder público no puede controlar; además, al alejarse de la vida urbana la presión fiscal disminuye, ya que el recaudador de impuestos local suele estar, también, bajo la protección del gran latifundista (patrón o dominus) el cual se convierte en el auténtico poder público de sus tierras.

En este contexto socioeconómico se desarrollará la economía de la España visigoda, de la que se va a tratar en los capítulos siguientes.


21               La población y la estructura social de la España visigoda

El impacto demográfico que, desde un punto de vista exclusivamente cuantitativo, supuso la llegada de los pueblos bárbaros en el conjunto de la población española del siglo V y de los siguientes, difícilmente puede ser subvalorada, ya que, por más que varíen los datos apuntados por los distintos autores, hay unanimidad a la hora de admitir que los grupos bárbaros nunca pasaron de representar un porcentaje mínimo en el total de la población de la Península Ibérica. Esta debía estar habitada a principios del siglo V por un número de habitantes que parece oscilar entre los seis millones, como calculó Reinhardt [15] (tomada esta cifra como buena por Vicens Vives) y los nueve millones apuntados por Dahn [16] (y aceptados por García de Valdeavellano).

La población española del siglo V se mantenía estable, fuese cual fuese su montante, desde mediados del siglo III con una ligera tendencia a descender. Efectivamente, parece que hacia los primeros años de la tercera centuria después de Jesucristo, la economía romana había alcanzado su máximo de producción, permitiendo paralelamente el desarrollo demográfico que en todas las sociedades preindustriales (como era la del mundo romano de aquella época), está en función de la producción de medios de subsistencia. Ya se ha hablado en el capítulo anterior de la crisis del siglo III, no es, en consecuencia, preciso volver a hacerlo aquí; basta con apuntar que la crisis económica comportó, necesariamente, el descenso de la producción de medios de subsistencia, provocándose el consiguiente desfase entre población y alimentos, y en consecuencia la subalimentación de grandes masas, entre las que se empezaron a propagar las epidemias que caracterizaron al Bajo Imperio. Estas, de forma esporádica y brutal, elevaban las tasas de mortalidad de una población que, en épocas normales, ya las tenía muy altas (hasta del orden del 20-30 por mil, y aun más); así se conseguían eliminar los excesos de habitantes, que una natalidad sin control situaba por encima del nivel de los medios de supervivencia existentes. En estas condiciones, repetimos, la población de España hacia el siglo V sería igual o ligeramente inferior a la que se había alcanzado en el siglo III. Algunos signos de despoblación (como por ejemplo la disminución de habitantes de algunas ciudades, o incluso la desaparición de éstas) no hacen sino encubrir ciertos trasvases de población de los centros urbanos al campo, con lo que si aquéllos se despoblaban, éste aumentaba, enmarcándose esta tendencia demográfica en el marco más amplio de la ruralización que, a todos los niveles, caracterizó la vida del Bajo Imperio.

Sobre esta población estabilizada vino a incidir la oleada de pueblos germánicos y no germánicos (alanos), que según Reinhardt, no sumarían más de 400.000: unos 80.000 vándalos y alanos que acabaron abandonando la península para establecerse en África en tiempos de su rey Genserico, durante el mismo siglo V; unos 100.000 suevos que quedaron asentados en el noroeste del país y por último, 200.000 visigodos aproximadamente, que a la larga, y aunque en un principio tendieron a concentrarse en determinadas regiones, se distribuyeron de forma más o menos uniforme por todas las provincias de la antigua Hispania romana. Las cifras que da Dahn cuando trata de evaluar el alcance numérico de estas oleadas de pueblos extraños al Imperio, con respecto a España, son parecidas a las anteriores, pues sitúan en torno a los 300.000 ó 400.000, el número de los no hispanorromanos establecidos en la península durante el siglo V. Si las invasiones germánicas no afectaron cuantitativamente a la población española, desde un punto de vista meramente cualitativo, su influencia fue mayor, en la medida en que vino a suponer un nuevo factor de diversificación en la estructura social de aquélla Ello implica que para poder evaluar efectivamente esa influencia es preciso una previa referencia a la estructura de la población española. Esta, en aquellos tiempos, podía dividirse con arreglo a distintos criterios, siendo los más prácticos y trascendentes los que la dividían en función de su raza o religión, de su ubicación rural o urbana, y sobre todo de su status social.

Por lo que respecta a la división de la población española en urbana y rural, en el siglo V esta distinción había perdido gran parte de su antigua significación. Efectivamente, antes de la crisis del siglo III, el auge económico del mundo romano había ocasionado el desarrollo del comercio y de la vida artesana, con el consiguiente desarrollo del número y ta­maño de las ciudades, en las que se apiñaba una población abundante que, socioeconómicamente, se diferenciaba de la de los campos circundantes por estar dedicada a la industria, al comercio, a las artes, a la administración, etc. Pero en el siglo V, cuando el caos económico se abatía sobre el mundo romano, en vías de ruralizarse en todos los sentidos, eran muchas las ciudades que se habían despoblado y la mayoría de sus habitantes se dedicaban a labores agrícolas o estaban al servicio de los funcionarios de la Administración central o territorial residentes en la ciudad de que se tratase, ya que la administración municipal se hallaba en franca decadencia —cuando no había desaparecido— en la medida en que se había arrui­nado la vida socioeconómica autónoma de la ciudad romana. Puede concluirse afirmando que, en el siglo V, la distinción entre población rural y urbana había perdido casi todo su contenido.

Por lo que respecta a la división de la población en función de su raza y de su religión, los dos grupos que se derivarían pueden ser tratados al hablar del reparto de la población de España en función de su status social, pues a pesar de la legislación restrictiva en este sentido, no pasó mucho tiempo desde el establecimiento de los visigodos en la Hispania romana hasta que la mezcla de las personas de distinta raza o religión hizo perder gran parte, si no la totalidad, de la razón de ser de esta distinción, viéndose sustituida por la establecida en función de la ubicación social en el seno de una población cada vez más uniformada racial y religiosamente.

En el seno de la sociedad hispanogoda, la división que de forma más clara y trascendente dividía a las personas, es la que lo hacía en nobles, libres, semilibres y esclavos. En nobles, se integraba tanto la antigua nobleza goda, perteneciente a los linajes de más tradición, como aquellos que se habían ennoblecido por su vinculación, mediante un juramento de fidelidad, al rey o a algún noble muy importante, es decir, los fideles o gardingos (los miembros del comitatus) del rey o de los nobles más importantes; en general todos ellos recibían la denominación de seniores. A su lado, la antigua nobleza hispanorromana se había integrado perfectamente en el seno de la nobleza de la sociedad hispanogoda. Estaba constituida, esencialmente, por grandes terratenientes que pertenecían a la clase de los senatores que, en ocasiones, descendían de antiguos comerciantes enriquecidos, transformados en propietarios agrícolas ante el cariz que empezó a tomar la vida comercial a partir de la crisis del siglo III. La mayor parte estaban vinculados —o lo habían estado— a las curias municipales y al gobierno provincial.

Los dos sectores de la nobleza de la sociedad española de los siglos V y siguientes —la goda y la romana— no tardaron en mezclarse, aun antes de que ello fuese admisible desde el punto de vista legal, hasta convertirse en un solo cuerpo social que desempeñaba las funciones que, años atrás, habían desempeñado cada uno de sus componentes por separado. Así, fueron los miembros de esta nobleza unificada los que continuaron siendo latifundistas, comerciantes, miembros de las curias municipales, consejeros jurídicos de los reyes, obispos, etc. (es decir, lo que antes había sido la nobleza romana), así como fideles del rey, consejeros, militares, miembros del clero arriano, etc. (es decir, lo que antes había sido la nobleza goda). Recibieron la denominación —los de mayor categoría— de primates (los primeros), optimates (los mejores), viri illustres, clarissime et espectabiles (varones ilustres, preclaros y respetables), nobiles (nobles), maiores loci (los mayores del lugar), etc. Desempeñaron importantes funciones políticas como ase­sores del rey en su calidad de miembros del Aula Regia, como gobernadores de provincias o jefes de ejércitos (duces, comes, etc.), como diplomáticos, etc. Ya se ha hecho referencia en otros capítulos a las ventajas que, desde un punto de vista jurídico, gozaron los no­bles en orden a estar exentos del pago de impuestos y a ser juzgados por tribunales especiales con arreglo a determinados privilegios que fueron establecidos, en general, en distintos concilios de Toledo y recogidas en las principales compilaciones legales de la España visigoda.

Hablar del clero (primero arriano y católico, luego sólo católico) como de una clase social especial, asimilada a la nobleza por sus privilegios, entrañaría el peligro de hacer pensar en una situación social, económica y jurídica para todos sus miembros, lo cual es absolutamente falso. Sí es verdad, no obstante, que el clero como cuerpo social, al margen de la situación de cada clérigo en particular, constituyó un estamento asimilado a la nobleza por su potencialidad económica y por sus privilegios que, lejos de ser de orden exclusivamente fiscal, se extendieron al terreno penal y procesal; según se recogió en distintas leyes y, sobre todo y de forma definitiva, en el XIII Concilio de Toledo, celebrado en tiempos de Ervigio (680-687), en el que se asimiló, a aquellos efectos, a los sacerdotes con los gardingos y con los primates de palacio.

La población libre era lo que, en la sociedad hispanogoda, se caracterizó por estar situada entre la nobleza y los grupos de siervos y semilibres. Es difícil caracterizar a este grupo social, sin duda el más numeroso, porque el único nexo común que unía a sus miembros era, precisamente, el de ser libres no siendo nobles. En él se integraban los fideles o gardingos de los nobles godos de menor categoría que, en muchas ocasiones, se habían hecho con la propiedad de tierras sortes, a raíz de los repartos hechos con los romanos en virtud del foedus del año 418; también eran libres muchos agricultores propietarios de pequeños lotes de tierra, romanos en general, o, en otros casos, simples possessores, es decir, cultivadores libres de tierra ajena, si bien éstos tendieron a entrar en dependencia con respecto al latifundista para el que trabajaban las tierras. Por último, se integraban en las personas libres los restos de las antiguas clases urbanas que, en las pocas ciudades que aún seguían viviendo como tales (no como núcleos de residencia de latifundistas y de funcionarios), desempeñaban oficios artesanales encuadrados en las antiguas organizaciones gremiales (collegia), o bien el comercio como mercatores. El único rasgo común a las clases libres, aparte del hecho de serlo, era el no gozar de privilegios fiscales (a diferencia de la nobleza) y el de poseer plena capacidad jurídica (a diferencia de los semilibres y de los siervos); por lo demás, en tanto que la potencia económica de unos les asimilaba, en cuanto a su forma de vida, a los nobles, la situación de dependencia económica en que, con respecto a otros, se encontraban los demás, les empujaba a llevar una vida parecida a la de los semilibres.

Por lo que respecta a las clases o estamentos sociales que sin ser esclavos tampoco eran libres, parece que fueron muy abundantes en la España visigoda las personas, que, siendo en principio libres, veían limitada esa libertad por el hecho de no poder abandonar la tierra que trabajaban o al señor al que estaban encomendados. Así, los bucellarii, a los que en otros capítulos se ha hecho referencia, en virtud de su encomendatio a un latifundista, del que recibían protección, se veías obligados a permanecer junto a éste para prestarle ciertos servicios al margen de que le cediesen o no su tierra (para volver a recibirla luego de él); en virtud de la obligatoriedad de la prestación de estos servicios, los bucellarii, a pesar de ser en principio libres, veían su libertad limitada de hecho por la precisión de permanecer junto a su patrono para prestarle aquéllos. De igual forma los colonii o antiguos arrendatarios se transformaron, como lo prueban ciertas disposiciones imperiales, en personas vinculadas a la tierra que cultivaban o, quizá —como ocurría con los bucellarii— al dueño de ésta. Sea como sea, el hecho es que, en la práctica, y a pesar de ser teóricamente libres, veían su libertad enormemente restringida por el deber de permanecer en las tierras que trabajaban y por lle­var un modo de vida muy similar al de los esclavos del dueño de aquéllas.

En el escalón más bajo de la sociedad hispanogoda estaban los siervos o esclavos, caracterizados por carecer, al menos en principio, de personalidad jurídica, siendo considerados como cosas. No obstante, parece que, siguiendo la tendencia que generalizó en el Bajo Imperio, la ley les reconoció cierta capacidad jurídica (como fue, por ejemplo, la necesaria para representar a su dueño en un juicio, actuar como testigo, poseer y administrar un patrimonio propio, etc.). Por lo demás, sus condiciones materiales de vida no eran muy distintas de las de las personas simplemente libres o semilibres: en el campo se asemejaban a las de los colonii o a las de los bucellarii, y en la de la ciudad a las de los miembros inferiores de los collegia de artesanos. No faltaron los esclavos, cuyo propietario era el rey o un gran noble, que vivían con gran lujo, desempeñando puestos de responsabilidad en la administración del Estado o en el del patrimonio de su dueño.

Las causas por las que una persona caía en la esclavitud fueron en la España visigoda las mismas que en el Bajo Imperio (cautiverio, deudas, nacimiento de padres esclavos, etc.). Igual que en tiempos de aquél, se fue acentuando la tendencia —fomentada por la Iglesia— de manumitir a los esclavos, ya fuese mediante actos jurídicos ínter vivos o, lo que fue más corriente, mortis causa. Gracias a ello el número de libertos, que se transformaban por lo general en colonii (con lo que su situación de hecho no cambiaba en nada) aumentó enormemente a lo largo de los siglos V, VI, VII Y VIII, en la medida que descendió el de los esclavos.


22               La agricultura y la propiedad de la tierra

La agricultura y la ganadería jugaron un papel especial en la economía de la España visigoda, como sucede siempre en todas las economías preindustriales, actuales y pretéritas.

En el capítulo próximo, donde se estudia la vida comercial, se dedicará mayor atención al hecho de la esencial continuidad entre la economía de los reinos germánicos que surgieron de las ruinas del Imperio de Oriente y la de este mismo. Pero no estará de más adelantar aquí la similitud entre la agricultura de la España visigoda y la de la España romana, en orden no sólo al tipo de producción, sino también a las formas de explotación de la tierra.

Por lo que a los productos cultivados se refiere, pocas fueron las innovaciones introducidas por los visigodos en España. Parece que puede apuntarse la posibilidad de que la alcachofa y la espinaca fuesen desconocidas en la España romana y traídas por aqué­llos, con lo que su cultivo tomase carta de naturaleza en la península. También fomentaron, mediante cier­tas disposiciones oficiales, el cultivo del manzano para la fabricación de sidra. Pero, en líneas generales, los productos que dominaron en la agricultura española posterior al siglo V fueron, al igual que en las épocas precedentes, los de la trilogía mediterránea (trigo, vid y olivo) y los de huerta.

El cultivo del trigo continuó siendo básico para la alimentación de la población de la España visigoda. Las áreas a él dedicadas fueron las mismas que durante el Bajo Imperio, con cierta tendencia a aumentar en algunos lugares por relativo colapso del comercio mediterráneo en tiempos de aquél. Ya se ha hecho referencia antes al hecho de que, desde el siglo I d. C, muchas zonas del Imperio romano pasaron a ser abastecidas de grano por las regiones que podían producirlo en condiciones más competitivas, especialmente Egipto. No sólo surtieron de grano a Roma y al ejército (mediante el impuesto denominado annona), sino también a muchas zonas costeras de las Galias y de Hispania, en las que desapareció el cultivo del trigo por no poder resistir la competencia de la producción egipcia.

Cuando la crisis del siglo III d. C. empieza a su­mir en el caos económico al mundo romano occidental y la escasez de medios de pago para compensar aquellas importaciones se hace cada vez más grave, él desarrollo del cultivo de los cereales en aquellas zo­nas vuelve a ser más o menos próspero, pero seguro, ya que la imposibilidad de adquirir trigo oriental ¡e pone a cubierto de la competencia de éste Por ello en los últimos tiempos del Bajo Imperio se acentúa la intensificación del cultivo de cereales —que se continúa en España durante la época visigoda— en las zonas que, desde el siglo I d. C, aproximadamente, habían sido provistas de grano por el comer­cio con Oriente. En cuanto a las zonas del interior de España, que nunca sufrieron la competencia del trigo oriental, en los tiempos que siguieron a la caída del Imperio, el cultivo de cereales continuó con características similares a las que habían predominado en los siglos anteriores.

Consideraciones similares a las hechas para el trigo —y demás cereales— cabría hacerlas para la viña y el olivo, con la particularidad de que aquélla se extendió por zonas mucho más extensas que en la actualidad. Esto fue debido al precario desarrollo de las comunicaciones interiores que obligaba a las comarcas alejadas de la costa y de las grandes rutas a autoabastecerse de vino (del que se hacía gran consumo) por más que las condiciones climatológicas y edáficas (es decir, del suelo) no fueran las más adecuadas. Por lo que respecta al olivo, el comercio internacional (es decir, intermediterráneo) del aceite soportó mejor que el del trigo la crisis del siglo III y en muchas regiones costeras la producción oliva­rera se vio tan afectada por la competencia del aceite sirio y norteafricano como antes de aquélla. Los cultivos de huerta, basados en el sistema de regadíos íberos y romanos, continuaron durante la España visi­goda como antes de la caída del Imperio, salvo por lo que se refiere a la introducción de la alcachofa y de la espinaca.

En cuanto a las formas de propiedad de la tierra, algunos autores (especialmente Schmidt y Kotzschke) afirman que los repartos que siguieron al establecimiento de los visigodos en la península hicieron surgir en los lotes que les correspondieron (sortes) explotaciones de tipo medio cultivadas directamente por sus propietarios. Sin embargo, la opinión dominante hoy parece confirmar la tesis de que las fincas que pasaron a ser propiedad de los visigodos fueron cultivadas como las de los provinciales romanos, por esclavos o por arrendatarios adscritos de hecho a la gleba (colonii).

En general, como en tiempos del Bajo Imperio, el propietario de la finca (villa) se reservaba una parte de ella (la tercera parte más productiva, denominada terra indominicata), que era cultivada por esclavos y por los colonii y bucellarii (que debían al señor ciertas prestaciones laborales aparte del pago del canon o arriendo) a las órdenes de un mayordomo o intendente general del señor, que recibía la denominación de actor o procurator. En esta terra indominicata radicaba la curtis o residencia del señor, donde habitaba también su procurator, así como las viviendas de los esclavos y una serie de dependencias, como almacenes, molino, herrería, etc., de uso obligatorio para los arrendatarios de la villa. Los otros dos tercios de ésta eran distribuidos, en lotes susceptibles de mantener a toda una familia, a los arrendatarios o colonii a cambio del pago de un canon o arriendo (en metálico o, como fue más corriente, en especie) así como a cambio de la realización de determinadas prestaciones personales.

No es preciso volver aquí sobre la situación jurídica y la vinculación a la tierra de los colonii (llamados también tributarii por los impuestos o tributos que pagaban), pues de ello se ha tratado en capítulos anteriores. No obstante, no estará de más el poner de relieve aquí cómo, en general, la cesión que del lote correspondiente de tierra se hacía al colono o arrendatario a precarium, según expresión de la época, consistía en que el arrendador (el dueño de la tierra) podía recuperar en el momento que considerase oportuno el control directo de la parte de la villa de que se tratara y procedía a la evicción del colono sin que a éste le cupiera reclamar indemnización alguna ni tuviera ninguna forma de oponerse de derecho —ni mucho menos de hecho— a la decisión del dueño. Esta situación no se veía alterada por el otorgamiento de un documento en el que se hacía constar que el colono había solicitado y obtenido del señor la cesión de un lote de tierra para su cultivo; este documento solía recibir la denominación de epistula precaria, no siendo posible asimilarlo a un contrato de arrendamiento del que surgiesen obligaciones y derechos para las dos partes (entre ellos, por supuesto, el de no poder proceder el arrendador a la arbitraria evicción del arrendatario). Esta situación fue, a grandes rasgos, la que dominó en la vida rural de la España visigoda y no se vio alterada por la existencia de pequeños labradores libres propietarios de las tierras que trabajaban; en virtud del vínculo de la encomendatio, tendieron a obligarse (prestaciones personales) de forma cada vez más intensa a los grandes latifundistas vecinos, de los que recibían protección y aun, en muchas ocasiones, la propia tierra que cultivaban. Así se asimilaron a los colonos, aunque en la práctica fuesen designados con la denominación de bucellarii.

No tiene gran trascendencia a la hora de estudiar la organización de la explotación de la tierra en la España visigoda el hipotético hecho, que como antes se ha indicado apuntan algunos autores, de que en las sortes de los godos se organizasen pequeñas explotaciones libres. Ni todos los pequeños cultivadores li­bres y propietarios de sus tierras fueron godos (los hubo también romanos), ni todos los godos lo fueron (muchos se convirtieron en latifundistas y otros en colonos o esclavos). Además, cuantitativamente, la pequeña propiedad libre tuvo poca importancia en la agricultura hispanovisigoda. Menos aún la tuvo la explotación comunal de tierras (en general bosques y prados) que algunos autores han considerado de origen germánico e introducida por los visigodos en la España romana (corno continuación de la allmende germánica, o tierras de explotación colectiva por parte de los miembros de determinada comunidad agra­ria) ignorando el hecho de que entre los miembros de la aldea o vicus romano existió la comunidad de pastos (ager compascuus).

Por lo que respecta a las técnicas agrarias, continuó, como en la época romana, la rotación bienal en el cultivo de los cereales. El utillaje agrícola si­guió sin innovaciones en este sentido, que arranca desde bastante antes de la crisis del siglo III d. C.

La llegada de los visigodos a España sí que coin­cidió, si es que no fue la causa, con ciertas innovaciones en el campo de la ganadería. No se puede des­cartar la posibilidad de que los visigodos tuviesen cierta tendencia a preferir la ganadería a la agri­cultura y que, en consecuencia, su establecimiento en España fuese la causa, o una de las causas, del flo­recimiento de aquélla a partir del siglo V. En efecto, se desarrolló mucho la ganadería lanar, y hay indicios de que aquélla pasa a ser, precisamente en aquel momento, transhumante, abandonando su antigua ca­tegoría de estante. Al menos en las obras de San Isidoro hay pasajes que hacen referencia al paso de las cabezas de ganado ovino por los campos de cultivo, con los consiguientes destrozos y pleitos entre agricultores y ganaderos transhumantes. Parece que la ganadería ovina estuvo orientada a la producción de lana, en tanto que la cría de ganado de cerda —que también en la época visigótica alcanzó más auge que en la romana— se dedicó a la alimentación. La cría de ganado caballar y vacuno tuvo por objeto satisfacer las necesidades de fuerza de trabajo en el campo (y, en el primer caso, también las de los ejér­citos).


23               La industria y el comercio.

La industria de la España visigoda fue, por lo que se refiere tanto a la técnica como a los productos fabricados y al régimen de trabajo, una continuación de la industria de la España romana. Efectivamente, los visigodos no aportaron ninguna nueva técnica ni ningún avance con respecto a la organización de la producción industrial de la época anterior. En consecuencia, se continuaron fabricando los mismos productos y de la misma forma que antes del siglo V, sin más alteración que el descenso cuantitativo de la producción, a causa de la contracción económica de la época, y una relativa ruralización de los centros productores, en la medida en que éstos se fueron desplazando de las ciudades al campo. Ello no es extraño si se tiene en cuenta que, como ya se ha dicho, desde la crisis del siglo ni el mundo romano se había ido ruralizando y, en el seno de cada gran explotación agraria o villa, había una tendencia a producir todo lo necesario para asegurar la autarquía de la misma y, desde luego, los productos industriales necesarios; ello, unido al colapso de la vida comercial, hizo que los centros industriales urbanos fuesen perdiendo su categoría como tales.

Especialmente la producción de artículos de lujo (orfebrería, telas caras) descendió enormemente en la medida en que la inseguridad de la época y la decadencia de las clases adineradas urbanas —las que los consumían— redujeron enormemente su demanda que, por otra parte, quedó cubierta con la importación de los productos correspondientes de Oriente, asegurada por el comercio que subsistió durante los últimos años del Imperio romano y durante la época visigótica. La fabricación de artículos de primera necesidad (armas, tejidos ordinarios, cerámica, etc.) continuó, lógicamente, como antes, si bien tendió a centrarse en zonas rurales.

Capitel de San Pedro de la Nave (según Argües)

A pesar de todo, en algunas ciudades quedó algún resto de producción artesanal destinada a la comercialización y no al autoconsumo; en estos lugares continuó la antigua organización gremial de los artesanos, asociados en collegia u organismos que supervisaban la actuación de cada artesano que, en función de su oficio, debía pertenecer al collegia correspondiente. Entre los artesanos hubo quien era libre y quien era esclavo, si bien los que se dedicaban a la industria en las ciudades solían ser libres; no todos eran propietarios del taller en el que trabajaban ni de los instrumentos con los que lo hacían: hubo artesano que en su taller tenía uno o varios asalariados (por más que predominó la pequeña industria individual o familiar), a los que, a cambio de sus servicios, ofrecía una remuneración denominada merces.

En las villae la producción artesanal de los productos industriales necesarios destinados al autoconsumo estuvo en manos, en muchos casos, de siervos del dominus o señor de la villa correspondiente; en ocasiones, artesanos libres provenientes de centros industriales urbanos en decadencia se establecieron en la curtis de la villa para prestar sus servicios, a cambio de la merces correspondiente, en una determinada obra; no fue raro el que, a la larga, el artesano que permanecía durante mucho tiempo trabajando como tal en una explotación agraria acabase por vincularse al dominus de la misma mediante una especie de encomendatio y quedar, en consecuencia, adscrito a la finca o a su dueño, pero, en todo caso, sin la posibilidad, al menos de hecho, de abandonar ni a una ni al otro.

Muy poco se sabe sobre las industrias extractivas durante la época visigoda. Parece evidente que, como en la época romana, las minas eran propiedad del Estado, si bien éste solía arrendar su explotación a particulares a cambio de un canon; no obstante, los que trabajaban en las minas solían ser esclavos del Estado y no del arrendatario, que corría con los beneficios de la comercialización del metal. San Isidoro habla de la explotación de placeres auríferos cerca de Toledo. Se sabe también que continuó la explotación de las minas de mercurio de Almadén, y de otras menos importantes de plomo, así como la de las salinas de varias localidades de las provincias tarraconense y cartaginense, siendo la sal un producto de exportación. No se tiene noticia de otro tipo de explotaciones mineras en la España visigoda, aunque es muy posible que hubieran minas de hierro, cobre, etc., para atender a las necesidades de la industria metalúrgica del país (fabricación de armas y útiles agrícolas, sobre todo).

Por lo que al comercio se refiere, se acepta hoy ya comúnmente el hecho (puesto de relieve por primera vez por el historiador belga Enrique Pirenne en la tercera década de este siglo) de que la caída del Imperio de Occidente no supuso el colapso ni la ruina total e inmediata del comercio mediterráneo tal y como se había desarrollado durante los siglos anteriores. Los que aceptaban este hecho no tuvieron en cuenta que, por un lado, la vida comercial mediterránea no era, en vísperas de la caída del Imperio de Occidente, tan floreciente como lo había sido antes de la crisis del siglo III y que, por otro, después del año 476 las rutas que unían, a través del Mediterráneo, a Oriente con Occidente continuaron tan activas como antes, hasta la irrupción de los árabes en este mar hacia el siglo VII. Puede concluirse, por tanto, que las condiciones esenciales en que se desarrolló el comercio exterior de la España visigoda fueron las mismas que habían caracterizado su desa­rrollo durante el Bajo Imperio.

Ni por su escaso número ni por el papel que jugaban en el seno de la sociedad española de la época, los visigodos no desempeñaron un papel importante en la vida comercial de la España de aquel tiempo. El control del comercio estuvo en manos de mercaderes hispanorromanos —como antes de las invasiones—, judíos y extranjeros, principalmente sirios y griegos (llamados entonces negotiatores transmarina, es decir, negociantes de ultramar) que solían emplear a asalariados del país para que les auxiliaran en sus negocios (en la jerga comercial de la época a estos asalariados se les denominó mercenarii).

Las principales rutas comerciales fueron las que unían los puertos mediterráneos de la península con Cartago y otros puntos del África del Norte, así como las que ponían en comunicación con Italia, Grecia, Asia Menor y Septimania. También se mantuvieron activas las rutas que unían Cádiz con ciertos puertos atlánticos de las Islas Británicas (de donde se importaba, sobre todo, estaño) y de las Galias.

Los principales productos de exportación fueron el trigo y el aceite (de los que, por otra parte, también se hacían importaciones), diversos metales (especialmente el mercurio), la sal (cuya producción era muy importante), el vino y el vinagre, etc. Por lo que respecta a los principales artículos de importación, ya se ha puesto de relieve que las masivas importaciones de trigo y de aceite, que antes del siglo III d. C. habían arruinado parte de la producción nacional, se redujeron mucho en los siglos que siguieron a aquella crisis, debido a que en la España del Bajo Imperio (como en las demás regiones del mundo romano occidental) se desarrollaba una economía autárquica; no obstante, continuaron realizándose pequeñas importaciones de trigo egipcio en años de carestía y, sobre todo, de aceite sirio y de otros lugares del Imperio de Oriente. Sin embargo, los artículos que dominaron en el comercio exterior de importación, en la España visigoda, fueron los de lujo (sedas, púrpura, marfil, joyas, etc.) destinados al consumo del clero y de la nobleza.

En los principales puertos comerciales continuaron existiendo y funcionando durante la época visigótica las lonjas o cataplus, de origen romano; estos establecimientos eran, a la vez, depósitos de mercancías y lugares de contratación, donde los mercaderes compraban y vendían sus productos. Estaban protegidos por el poder público ya que, de esta forma, el Estado conseguía centralizar la actividad comercial en unos puntos determinados pudiendo así realizar más fácilmente el cobro del teloneum o impuesto que gravaba la importación y la exportación; igualmente funcionaban en estas lonjas los jueces encargados de solucionar los pleitos entre mercaderes.

Por lo que respecta al comercio interior, éste tuvo por objeto el hacer llegar a zonas interiores los productos importados del exterior y, a la inversa, el hacer llegar a los puertos de exportación los productos de las regiones interiores susceptibles de ser comercializados en el extranjero; si se tiene en cuenta de que este comercio se centraba, sobre todo, en metales y artículos de lujo, no es de extrañar que tuviesen muy poco alcance las relaciones comerciales entre comarcas interiores, cada una de las cuales era autárquica y se autoabastecía de todos los productos de primera necesidad. Este comercio interior se continuó desarrollando durante la época visigoda, a lo largo de las vías romanas y a cargo de unos comerciantes llamados iterantes que, a veces, utilizaban también como vía de comunicación los grandes ríos (flumina maiora). Sus centros fueron pequeños mercados comarcales denominados conventi mercantium.

Aunque, como sucedió siempre en las economías preindustriales en épocas de recesión, existió escasez de numerario y fue frecuente el pago de impuestos y mercancías en especie, la economía hispanogoda fue esencialmente monetaria, manteniéndose el sistema monetario del Bajo Imperio, basado en el solidus aureus (o sueldo de oro) acuñado en tiempos de Constantino (306-337). Los reyes germánicos que se establecieron en las antiguas regiones occidentales del Imperio acuñaron sueldos de oro —del mismo peso y ley, al menos en teoría, que los de Constantino— a nombre de los emperadores de Oriente, en la medida en que, de forma ideal, continuaban considerando a éstos como los depositarios de la soberanía (y, en consecuencia, del derecho a acuñar moneda) sobre todo el mundo romano. Pero en la España visigótica, ya en tiempos de Leovigildo, se empezaron a acuñar tercios de sueldo de oro (llamados, en la época, trientes o tremisses) a nombre de este rey. De igual forma procedieron Recaredo y Chindasvinto, en cuyo tiempo proliferaron por España numerosas cecas en que se emitían tercios de sueldo. A partir del reinado de Wamba (672-680) y, sobre todo, bajo los de Egica (687-702) y Vitiza (700-710), se empezó a alterar el peso y la ley de estas monedas que, teniendo en cuenta que su curso era forzoso y el derecho para acuñarlas era exclusivo del rey, de esta forma sacaban de apuros a la hacienda real, aunque, eso sí, al precio de provocar una inflación enorme y la consiguiente devaluación monetaria.

En la España visigoda perduraron, como moneda fraccionaria, las monedas romanas (siliquae) de plata y de bronce, hasta el punto de que su cantidad hizo innecesario el que se acuñasen más por los reyes visigodos.


24               Las costumbres de la España visigoda

Las formas de vida y las costumbres de la España visigoda fueron, en esencia, las mismas que habían caracterizado a este país durante el Bajo Imperio. Tradicionalmente, los historiadores habían distinguido entre unas formas de vida refinada, en tiempo de los romanos, y unas costumbres mucho más toscas —y en algunos aspectos semisalvajes— en la época visigótica. Este planteamiento tan simplista de la cuestión podría ser válido para el siglo I, cuando la civilización latina se hallaba en todo su esplendor y los visigodos no habían aún entrado en contacto con el mundo romano. Pero ya hemos visto que a partir de la crisis socioeconómica del siglo III, el mundo romano occidental se había ido ruralizando y «barbarizando», en tanto que los pueblos germánicos extraños al Imperio habían ido tomando un progresivo contacto con éste y, en consecuencia, habían ido aceptando muchas de sus costumbres y formas de vida. Por ello, a fines del siglo V, cuando cae el Imperio de Occidente, se daba, de forma más o menos completa, una identidad de costumbres entre todos los pueblos que vivían en lo que antes habían sido regiones occidentales del Imperio, fuesen romanos o no. Esta identidad de costumbres venía determinada no sólo por el hecho de que los pueblos germánicos hubiesen adoptado las formas de vida del Bajo Imperio, sino también porque la población romana de la época había aceptado algunas de las traídas por aquéllos; en consecuencia, las influencias que llevaron a esa unidad de costumbres fueron mutuas por más que, evidentemente, las que tuvieron como resultado la romanización de las costumbres germánicas fueron las que desempeñaron un papel más importante en este proceso de unificación.

Lo anteriormente dicho es válido, en general, para España, de la misma forma que lo es para casi todo el Imperio de Occidente. No obstante, es evidente que los visigodos dieron un sello propio a la evolución de las costumbres romanas a partir del siglo V. Sin embargo, es falsa la idea de que los pueblos germánicos, y entre ellos los visigodos, tuvieran unas costumbres mucho más sencillas y austeras, por lo que a la cuestión sexual se refiere, y que gracias al aporte de estas pautas de comportamiento más «sanas» se consiguió una «moralización» de las «depravadas» costumbres sexuales del Bajo Imperio. En primer lugar, los últimos años del Imperio no fueron desde este punto de vista, ni más ni menos «inmorales» que los correspondientes a los períodos de máximo esplendor político y cultural del mundo romano, como ponen de relieve los documentos y crónicas de que, al respecto, se dispone; en segundo lugar, las costumbres de los germanos, aunque más sencillas por su menor grado de desarrollo cultural, eran, desde el punto de vista sexual, tan depravadas como las de los romanos del Alto o del Bajo Imperio. Fue una concepción «moralista» de la Historia la que pretendió explicar la caída de Roma en manos de los pueblos germanos por la menor degeneración de las costumbres sexuales de éstos. Si bien la Iglesia romana trató de «enderezar» un poco las poco edificantes costumbres de la época, las crónicas parecen confirmar que aquéllas continuaron igual. Más adelante veremos cómo durante los siglos que siguieron a la caída del Imperio las pautas de comportamiento sexual siguieron como antes.

La vida en los campos y en las ciudades se iniciaba con el alba, comenzándose las labores agrícolas y, en los centros urbanos en que aún se mantenía la actividad industrial y comercial, la animación de los talleres artesanales y de los mercados y lonjas. La división del día se hacía con arreglo a las horas canónicas. A mediodía se hacía una pequeña comida, y, a la puesta del sol, se hacía la colación más importante de la jornada. Parece que a partir del siglo VII, los godos y romanos acaudalados dejaron de comer reclinados para hacerlo sentados; los manjares más apreciados fueron las carnes, los volátiles y el pescado, si bien el consumo de este último quedaba restringido, en las comarcas interiores, al del pescado salado y al de río; como bebidas fueron las más corrientes la cerveza, el vino y la sidra, siendo el consumo de esta última introducido por los visigodos que, al efecto, promulgaron varias disposiciones tendentes a favorecer la producción de manzanas. Para condimentar las comidas se disponía de sal (mineral y salina) y, a falta de azúcar, de miel, así como de diversas plantas. No obstante, la alimentación de las clases menos adineradas —es decir, la mayoría de la población— estuvo basada, esencialmente, en el consumo de pan de trigo o de otro cereal.

Las ciudades de la España visigoda continuaron perdiendo la animación que las había caracterizado en la época de auge del mundo romano, y que había empezado a desaparecer después de la crisis del siglo III. A medida que iban desapareciendo los restos de vida industrial y comercial, la población de las ciudades iba decreciendo y, a remolque de este descenso, se perdían también aquellos aspectos típicos de la vida ciudadana: los juegos de circo, el teatro, la concurrencia a las termas, etc. No obstante, el proceso no fue rápido; juegos de circo llegaron a celebrarse hasta en el siglo VI (aunque los combates entre gladiadores y entre éstos y las fieras desaparecieron ya a principios del siglo V, tanto por el influjo de la moral católica como por lo caros que resultaban estos espectáculos —importación de fieras de Oriente— en época de depresión económica y de despoblación urbana). Las termas continuaron siendo el lugar de reunión de las familias romanas acomodadas (y pronto también de las visigodas), si bien, como ocurrió en el Bajo Imperio, se prohibió utilizar la misma terma y a la misma hora a hombres y mujeres a la vez (prohibición que databa nada menos que de tiempos del emperador Adriano (117-138)). Las representaciones teatrales, aunque fueron decayendo al compás de la vida urbana en general, continuaron atrayendo a muchos de los que aún vivían en las ciudades, como lo demuestra una carta que se conserva del rey Sisebuto (612-621) dirigida a un arzobispo de Tarragona llamado Eusebio en la que el monarca echa en cara a éste el asistir a espectáculos teatrales que, por lo que dice la carta en cuestión, no siempre debían estar exentos de carácter obsceno.

La forma y distribución de las casas continuó como en la época romana, así como el alumbrado de las mismas; las ciudades, a pesar de estar en vías de despoblación, vieron levantarse en sus calles algunas nuevas iglesias, en general en el lugar en que antes se asentaron otros empleos, y en cuya construcción se empleó con frecuencia materiales procedentes de éstos.

La vida en los núcleos rurales (vid o burgui), que desde el siglo III se tendió a amurallarlos, cobró gran animación durante la época visigótica —continuando el proceso iniciado en el Bajo Imperio— debido a que en la decadencia de la vida urbana obligó a que ellos mismos se autoabasteciesen de todos los productos artesanales que les eran precisos; de esta forma, la curtis o residencia señorial de cada núcleo rural, se vio animada por la actividad de distintos talleres que trataban de satisfacer las necesidades de los campesinos del lugar así como por la celebración, un día a la semana, generalmente, de un mercadillo de alcance local.

Se generalizó entre los hombres de la España visigoda la costumbre, de origen germánico, de dejarse cabellera larga, así como de dejarse también crecer la barba, costumbre ésta que había ya arraigado en el mundo romano desde el siglo III d. C. Los godos abandonaron pronto su indumentaria para adoptar la romana que, por su parte, experimentó grandes reformas en los siglos que siguieron a la caída del Imperio: la toga y las túnicas largas cayeron en desuso, para ser sustituidas por la clámide o capa corta y por el manto y túnica ceñidos por cíngulos. Las mujeres vestían con túnicas amplias recogidas en los hombros por fíbulas de bronce y ceñidas a las caderas por cinturones anchos; fue asimismo frecuente el uso de adornos de diversas clases (anillos, collares, etcétera).

Con la ruralización de la vida cobró nuevo auge la afición por la caza —por la que no habían sentido gran inclinación las clases urbanas romanas— que, además de distracción, servía como medio de provisión de carne. Las fiestas religiosas (bodas, bautizos, etc.) fueron la excusa para celebrar fiestas mundanas, caracterizadas por sus excesos en la comida.

En la España visigoda la Medicina estuvo basada, como en Roma, en la obra de Galeno. Diversas disposiciones legales reglamentaron su ejercicio y enseñanza. Concretamente, la ley quinta del título primero del libro XI de la Lex Visigothorum establecía que por una operación de cataratas debían pagarse cinco sueldos. Los enterramientos se realizaron, por lo común, en necrópolis apartadas de las poblaciones, si bien la gente rica se hizo enterrar, generalmente, en iglesias de las ciudades a las que en vida habían hecho donaciones de bienes; el cadáver se solía enterrar vestido y con su ajuar o equipo guerrero.

Por lo que a la moral sexual se refiere, ya se ha dicho a comienzos de este capítulo que, en la España visigoda, las costumbres continuaron siendo, en este sentido, tan poco edificantes como lo habían sido durante la época anterior. En la misma corte, junto al rey y sus nobles vivían, además de las respectivas mujeres legales, un sinnúmero de concubinas; el adulterio era considerado como algo normal. Lo mismo pasó con la prostitución, que estuvo muy extendida en el reino visigodo, como lo prueban las continuas disposiciones legales prohibiendo su práctica: la frecuencia de éstas, como de otras disposiciones que no hacían más que insistir en la necesidad del cumplimiento de las anteriores, es una prueba de que, en la práctica, no eran cumplidas. La historia de los reyes visigodos está plagada de crímenes «pasionales» y de aventuras amorosas extraconyugales que, con cierta frecuencia, acababan trágicamente [17] .

De esta situación depravada no escapaba ni el mismo clero, que debería haber marcado, con su ejemplo, la senda de la virtud en materia sexual. El XI Concilio de Toledo estableció las penas que deberían sufrir los obispos que sedujesen a las viudas, hijas o sobrinas de los grandes nobles; el hecho de que en un Concilio de Toledo se tuviese que tratar del asunto indica que eso, quizá, ocurrió más de una vez; si bien en esa ocasión no se trató del caso de la seducción, por parte de un miembro del clero, de alguna mujer que no fuese noble.

También fueron corrientes en la España visigoda las prácticas homosexuales —tanto como lo habían sido antes de la llegada de los «íntegros» y «sanos» pueblos germánicos—. Muy extendida debía estar la sodomía —vicio, decían los moralistas de España, «importado de Oriente»—, a juzgar por el rigor de las penas que Chindasvinto estableció para erradicarla: en virtud de una ley promulgada por este rey, se condenaba al reo del delito de sodomía nada menos que a la pena de castración. Como suele suceder en estos casos, el rigor de la pena no era más que un índice de lo extendido que estaba el vicio, y no contribuyó en lo más mínimo a que su índice descendiera, como lo prueba el hecho de que en tiempos de Egica (687-702), el XVI Concilio de Toledo (año 693) condenase a todo clérigo o laico sodomita a ser azotado, decalvado, castrado y desterrado.

Corona votiva de Recesvinto (según Argües)

No fue la falta de moral sexual lo único digno de crítica del clero, arriano y romano, de la España de la época. Las riquezas materiales de muchas parroquias, obispados y monasterios empujó a muchos a entrar en religión guiados más por la codicia que por la fe. Debido a ello fue corriente que los tribunales eclesiásticos, que en ocasiones juzgaban al margen de los civiles, condenasen a personas sin que existiese absoluta seguridad de que hubiesen cometido los delitos que les imputaban, a fin de apoderarse los miembros del tribunal, mediante la sentencia que autorizaba a la confiscación de los bienes del presunto culpable —o a parte de ellos— en según qué delitos, de las riquezas del reo. También fue frecuente la simonía, o venta de cargos eclesiásticos, en virtud de la cual personas sin la suficiente preparación eran situadas al frente de una parroquia; fue en los medios menos íntegros del clero en los que se produjeron abusos frecuentes consistentes en aprovechar, para uso particular del párroco, esclavos u otros bienes de la parroquia (incluso vasos sagrados llegaron a ser utilizados en algunos banquetes organizados por miembros del clero). Quizá la referencia a estos vicios y abusos —sin duda existentes— podría dar una imagen equivocada o, al menos, parcial del clero de la España visigoda, ya que, junto a aquel sector del mismo en el que proliferaban todos esos defectos, había también un clero honesto y cumplidor de sus obligaciones del que, lógicamente, no tenemos noticias por no ser objeto su actuación de pleitos y condenas de los concilios, que, en líneas generales, constituyen los medios más frecuentes de información.

Por último, en esta somera referencia a algunas de las costumbres de la España visigótica, no estará de más poner de relieve como, especialmente en los medios rurales, los cuales sólo de forma superficial habían sido romanizados y luego cristianizados, muchas personas continuaron realizando prácticas paganas: fue frecuente consultar adivinos, y fueron varios los concilios en que se hizo referencia a este hecho y en los que se establecieron las penas correspondientes, consistentes, primero, en la muerte, y más tarde en la venta como esclavo en el extranjero del culpable.

También fue corriente, especialmente en las regiones del noroeste, la supervivencia de creencias populares prerromanas, que se traducían en la adoración de árboles, piedras, fuentes, etc. Una obra de un monje panónico, encargado de la evangelización de estas regiones, San Martín Dumiense, y que fue fundador y abad del monasterio de Dumio, titulada De correo turne, rusticorum es muy interesante al respecto.

En varios concilios de Toledo se establecieron medidas destinadas a conseguir, mediante la actuación conjunta de las autoridades civiles y religiosas, la desaparición de estas prácticas idolátricas.


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[14] Estos recibían el nombre de bucellarii.

[15] REINHARDT, W-: «Sobre el establecimiento de los visigodos en la Península», Anuario de Estudios Arqueológicos, VIII, 1945.

[16] DAHN, F.: «Uber Handel und Handelsrecht der Westgothen», en Bausteine, II, 1880, págs. 288 y ss. (En alemán; no hay traducción española).

[17] Una información más amplia al respecto puede encontrarse en ALONSO TEJADA, L.: Historias de amor de la Historia de España, II, Editorial Bruguera, Barcelona, 1976.