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PARTE    III

LA GUERRA SOCIAL EN EL ULTIMO SIGLO DE LA REPÚBLICA

CAPITULO VII

LOS INTENTOS DE REFORMAS AGRARIAS

¿Cómo salir de ese piélago de males? Cuando, después de las guerras afortunadas contra Cartago y el Oriente helénico, la política exterior ya no inquietaba continuamente a los espíritus, figuras más serias empezaron a considerar el grave problema interior. La panacea les pareció que radicaba en el restablecimiento de la antigua y celebrada clase agrícola itálica. Aún estaba viva en la memoria de todos la irresistible y vigorosa fuerza popular, que se había manifestado hasta hacía poco, por lo cual se esperaba que la antigua trinidad de "agricultor, ciudadano y soldado" sería aún bastante fuerte para detener la progresiva decadencia económica. Pero a este respecto no se tomaron en cuenta varios puntos de importancia esencial.

Los soñadores e idealistas que abrigaban semejantes planes y estaban honestamente convencidos de su realización, pertenecían a la aristocracia. Pero eran unos pocos cuervos blancos. Si toda la aristocracia hubiese pensado de la misma manera y no se hubiese arredrado ante los sacrificios necesarios, la duración y la vitalidad de la república aristocrática —tal era entonces esencialmente el carácter del Estado romano— habrían podido prolongarse mucho, tal vez hasta por siglos. Pero la nobleza no era capaz de semejante sacrificio; tal idealismo se encuentra sólo en algunos individuos, mientras que la clase no renuncia nunca a sus intereses y privilegios. Por otra parte, cualquier sacrificio hubiera resultado inútil, si Roma no hubiese abandonado al mismo tiempo su papel histórico, su política mundial. Una continuación en el camino de la política conquistadora hubiera infaliblemente reproducido en corto tiempo los mismos males. Tales aspiraciones eran, pues, aunque inspiradas en nobles intenciones, completamente regresivas. En lugar de aspirar a más alta forma de cultura y fundar un nuevo orden social basado en la variedad y armonía de las fuerzas productivas y receptivas, se buscaba librarse, por medio de emplastos, de las influencias que llegaban impetuosamente del Oriente, y al mismo tiempo amontonar cada vez mayores riquezas, con las cuales no se quería ni se podía ni se debía empezar nada.

Y también menospreciaron otra circunstancia aquellos primeros propulsores de la reforma social romana. La insostenibilidad de las condiciones sociales derivaba en gran parte de las formas anticuadas de la Constitución romana. Se estaba siempre en el terreno de la Ciudad - Estado. Aunque la posesión de los derechos civiles era independiente del domicilio, su ejercicio sólo era posible en Roma, lo que debía ejercer atracción enorme sobre la población rural, tanto más cuanto que, como se observó a menudo, la participación en la vida política en la antigüedad tenía siempre aspecto fuertemente material. Cuanto más lejos de Roma vivía un ciudadano, tanto menos pesaba en la vida del Estado. Hacía falta proceder a la descentralización. Más en esto se tropezaba con un problema insoluble para la experiencia política de entonces. Sólo un genio podía encontrar la solución.

Los primeros intentos de reforma resultaron un fracaso, como el del tribuno Licinio Craso (145 a. d. O), el cual quería distribuir pequeños predios de 1 3/4 hectárea. Cómo debían conseguirse las tierras que se pensaba distribuir, nuestras fuentes no lo precisan. Poco tiempo después un miembro de la aristocracia romana, Cayo Lelio (140), el amigo íntimo del romano más célebre de aquella época, Escipión Africano el Menor, destructor de Cártago, presentó un proyecto muy digno de consideración, que más tarde fue reconsiderado bajo varías formas y de cuya aplicación muchos políticos bien intencionados, pero de corta visión, esperaban la salvación de la República.

El Estado poseía grandes extensiones de tierra en toda Italia, especialmente en la Campania. Estas tierras fiscales ("ager publicas") eran cultivadas, en base al ya explicado derecho de ocupación, no sólo por ciudadanos romanos, sino también por aliados o confederados contra el pago de una contribución sobre la renta, el que en la mayor parte de los casos no era efectuado. Aun cuando cada ciudadano tenía derecho a tal ocupación, en realidad, como hemos ya visto, sólo los que disponían de fuertes capitales estaban en condición de hacer uso de aquel derecho. Estos disponían, pues, de grandes extensiones de tierra, las cuales no eran de su propiedad, sino que seguían perteneciendo, desde un punto de vista estrictamente legal, al Estado. Lelio propuso, ante el progresivo empobrecimiento de las masas, restablecer la situación legal y exigir para los ciudadanos necesitados la restitución de las tierras pertenecientes al Estado. Mas esto significaba pretender realmente demasiado. ¿Cómo se podía esperar que el "sentimiento cívico" de los aristócratas se decidiera a restituir tierras que ellos habían agregado, a través de generaciones y tal vez de siglos, a su patrimonio familiar, en las cuales habían ya invertido grandes sumas de trabajo y dinero y que en muchos casos habían convertido de desiertos en fértiles? Pero el asunto no hizo mucho camino. Apenas Lelio hubo presentado su sugestión, se levantó en seguida entre los ocupantes de aquellas tierras un grito de indignación. El autor de la propuesta advirtió con espanto el gran alcance de la misma y cómo obstinarse en este camino hubiera conducido a una inaudita e imprevista guerra civil. Por consejo de sus amigos desistió, pues, de su propósito y recibió, en señal de agradecimiento, el título de "juicioso".

Pero habían transcurrido sólo pocos años cuando el mismo pensamiento celebró su resurrección, mas esta vez propugnado por una personalidad enérgica y entusiasta, perteneciente también a la nobleza. Casi generalmente los conductores de las clases oprimidas, tendientes a su liberación, surgen de las filas de los privilegiados y pudientes: Mirabeau, Sieyés, Lassalle y la mayoría de los actuales jefes del socialismo. También el nuevo animador y jefe del proletariado romano, Tiberio Sempronio Graco, hubiera podido, por su nacimiento y su inteligencia, participar plenamente del banquete de los señores. Su padre había ocupado los más altos cargos públicos; su madre, Cornelia, era hija de Escipión Africano el Mayor, el mismo que había vencido al enemigo más peligroso de Roma, el cartaginés Aníbal (batalla de Zama, 202 a. d. O), quebrantando con esa victoria para siempre el poderío de Cartago. El mismo Tiberio Graco se había ya destacado como oficial y cuestor, recibiendo claras pruebas del favor popular, de manera que hubiera podido recorrer con las mejores esperanzas la habitual catrera política de los nobles romanos.

Pero su ambición era de naturaleza más noble. No le atraía el lucro material, queriendo, al contrario, realizar algo grandioso. Cuando regresó a Roma después del servicio militar, encontró entre la ínfima plebe urbana a algunos viejos compañeros de armas, entregados al tráfico indigno de sus derechos civiles y políticos. Cuan profunda fue su impresión, surge de la manera más elocuente de su inflamado discurso en favor de su reforma agraria. "Los animales feroces —dijo Tiberio en aquel famoso discurso— que viven en Italia, poseen cada uno su guarida, su lecho, su escondrijo; al contrario, los ciudadanos que combaten y mueren por Italia, nada poseen, con excepción de la luz y el aire. Se íes ve vagando sin casa ni hogar con sus mujeres y sus hijos, Mienten nuestros generales cuando en el fragor de las batallas exhortan a los soldados a defender los templos y las tumbas contra el enemigo. ¿Hay, acaso, alguno de tantos romanos que posea aún el altar sagrado de su familia o el túmulo de sus mayores? Estos así llamados dueños del mundo, que no son dueños ni de una mota de tierra, combaten y mueren por la lujuria y la riqueza ajenas".

Tiberio Graco vio en este campo una tarea digna de su corazón ardiente y de su noble espíritu. A la edad de 30 años (134) presentó su candidatura para el tribunado; fue elegido y en seguida, de acuerdo con un círculo de compañeros de clase muy estimados, inteligentes v generosos, se dispuso a hacer suyo el plan de Lelio, retirado por su mismo autor. Contrariamente a la costumbre, Tiberio presentó el proyecto directamente a la Asamblea popular, sin comunicarlo previamente al Senado para su parecer y eventuales modificaciones. Según la ley Hortensia su procedimiento era perfectamente legal, pero desde el punto de vista político, Tiberio había procedido imprudentemente. La resistencia de la aristocracia fue tanto más encarnizada cuanto que su órgano principal, el Senado, había sido mortificado en uno de sus derechos más importantes, aunque usurpados. Por otra parte, Tiberio debió pensar que ofrecía menores dificultades proceder sin el consentimiento que contra la voluntad del Senado. La discusión en el Senado hubiera conducido a limitaciones y atenuaciones, por las cuales la ley habría perdido mucho de su eficacia.

La ley presentada por Tiberio Graco exigía que ningún ciudadano romano o confederado pudiera poseer más de 500 jornadas de tierras fiscales (125 hectáreas), agregándose 250 jornadas (62 1/2 hectáreas) para cada uno de los dos hijos mayores. Las tierras así rescatadas se convertían en propiedad libre y, además, debíase acordar a los antiguos ocupantes una conveniente indemnización por las mejoras aportadas. La tierra que así volvía a ser propiedad del Estado, debía ser fraccionada en lotes de 30 jornadas (7 1/2 hectáreas) cada uno y entregada a ciudadanos necesitados, pero no a título de propiedad, sino como posesión inalienable y libre de impuestos.

Tiberio Graco buscaba, como se desprende de la ley, tomar también en consideración, en lo posible, los intereses de los pudientes. Según todas las apariencias, ni siquiera proponía algo enteramente nuevo, sino sólo la aplicación de una antigua ley que comprendía las susodichas disposiciones; quizá se trataba de poner nuevamente en vigor la misma ley fundamental sobre las tierras comunales, caída con el tiempo en olvido. La resistencia violenta de los terratenientes nos revela hasta qué extremo habían  sido  violadas  aquellas  disposiciones. Sí Tiberio quería dejar a aquellos terratenientes, además de sus bienes privados, también la considerable extensión de 125 - 250 hectáreas de tierras del Estado, esto significa que todavía quedaban  grandes conjuntos disponibles para el reparto. ¡Tan grande tempestad no se habría desencadenado por unas pocas y pequeñas cesiones!   Mas toda resistencia   resultó vana. En grupos numerosos llegaban a Roma, desde las campañas, para dar su voto, los campesinos ya en quiebra o que estaban al borde de la ruina; más aún, la elocuencia inflamada del entusiasta soñador logró encender con su idea también al proletariado urbano, despertando en éste la aspiración a una existencia digna del hombre y al abandono de la vida ociosa de cliente.

A pesar de que el pueblo no ahorró sus aplausos a las palabras del tribuno, la aprobación de la ley no se obtuvo tan lisa y llanamente como Tiberio se había imaginado en su temperamento sanguíneo. En el momento en que se debía proceder a la votación, uno de sus colegas, Marco Octavio, perteneciente, como Graco, a la nobleza, interpuso, basándose en su derecho tribunicio, el veto   ("intercessio")   y lo repitió cuando Tiberio convocó poco después una segunda Asamblea para el mismo fin. Siendo  esa  facultad  de  veto  contemplada  en   la Constitución, a Tiberio, si quería mantenerse en el terreno de la legalidad, no le quedaba más recurso que aplazar su reforma para el ano próximo. Empero, esto no era de su agrado. En su entusiasmo fanático por su ley y firmemente convencido de que con ella se habría podido  detener  la  creciente  pauperización   de  las  masas, resolvió romper la oposición de Octavio hasta poniéndose en contra de la Constitución. Por lo tanto, propuso a la Asamblea popular privar a Octavio de su cargo de tribuno. Este procedimiento era ciertamente inaudito, pero propiamente no anticonstitucional, a menos de que mediara el veto de Octavio también contra esta moción, lo que hay que admitir que ocurrió. Se procedió, sin embargo, a la votación; el pueblo se había ya entusiasmado tanto por su conductor, que declaró depuesto a Octavio, eligiendo en su lugar a un partidario incondicional de Tiberio. Suprimida así la única oposición admitida por la Constitución, las tribus aprobaron por gran mayoría la ley agraria, pero omitiéndose la disposición acerca de las indemnizaciones a los ocupantes por las mejoras aportadas a las tierras. No se puede establecer si Tiberio adoptó esa enmienda del proyecto originario a raíz de la irritación por la resistencia de los propietarios o debido al temor de que las pretensiones de indemnización alcanzaran nivel tan alto que fuera imposible satisfacerlas. La ley fue por esto más odiada aún por los terratenientes.

Alcanzado el primer éxito, se presentó de inmediato la verdadera dificultad: la ejecución de la ley. Por un lado Tiberio tuvo una suerte inesperada. Con la sola asignación de tierras a los ciudadanos carentes de medios de vida no se había asegurado su economía. Faltaban los utensilios, las semillas y los medios para poder vivir hasta la próxima cosecha. Para ello se precisaban sumas de dinero tan elevadas que nunca habían sido requeridas en la política interior romana y que la Caja del Estado difícilmente hubiera podido sostener. En esta apremiante situación la salvación vino del hecho de que Átalo III, rey de Pérgamo (Asia Menor), amigo devoto de los romanos, acababa de fallecer (133), dejando como heredero de su inmensa fortuna al pueblo romano. Esto por lo menos se afirmaba en Roma, mientras que el partido nacional de aquel país declaraba ser falso el testamento. Sea como fuere, el hecho es que poco después de la aceptación del proyecto graquiano llegó a Roma el embajador de Pérgamo para la entrega de la herencia, y en seguida Tiberio puso la mano en ella, proponiendo a la Asamblea emplear aquellas grandes sumas en la adquisición de todo lo necesario para las nuevas implantaciones agrícolas, La nobleza se opuso, recurriendo a los medios más bajos y hasta difundiendo el chisme estúpido de que el embajador de Pérgamo había entregado a Tiberio una púrpura regal; mas las tribus aprobaron la proposición con gran entusiasmo, quedando así resuelta también esa apremiante cuestión.

De tan fácil solución no era, empero, un segundo inconveniente, es decir, la fijación de las tierras que debían repartirse. Esta era tarea muy complicada, por cuanto las tierras fiscales se encontraban en muchos casos desde hacía siglos en posesión de particulares. Como el Estado había desde mucho tiempo dejado de exigir el alquiler que legalmente se le debía, habíase borrado casi completamente de la conciencia general el límite entre la propiedad privada y la del Estado, así que no era raro el caso del cambio del propietario por compra - venta. Era, pues, menester examinar los archivos del Estado para establecer cuáles habían sido los terrenos entregados, después de cada guerra ganada, como propiedad libre a los ciudadanos y cuáles habían quedado, por lo menos formalmente, propiedad de la colectividad, del Estado. Esta tarea requería no sólo acumen y fuerza de voluntad, sino también comprensión y mucho tino. Tiberio hizo nombrar a tal fin por la Asamblea popular a una Comisión de tres miembros, la que debía emprender de inmediato la difícil tarea. Además de él mismo, la Asamblea nombró a su hermano, Cayo, a la sazón muy joven, y a su suegro, Apio Claudio, cuyo antepasado allanó a Roma, con sus reformas, el camino del Imperio. De la energía, capacidad y desinterés de esos tres hombres podía esperarse el cumplimiento de su misión conforme a la ley; pero la composición de la Comisión por parientes cercanos del proponente no hizo más que acrecentar la irritación ya existente en las filas de los pudientes. La Comisión fue tratada con escarnio por el Senado; le fueron negadas las dietas que usualmente se asignaban a los empleados extraordinarios para funciones fuera de la capital, y se le fijaron indemnizaciones que no rebasaban el sueldo de un jornalero. Tiberio y los suyos pusiéronse a la obra sin dejarse arrastrar a contiendas tan fútiles e insidiosas; mas, cuando su trabajo apenas empezaba a avanzar, la actividad de Tiberio Graco quedó rápida y violentamente truncada.

Tiberio Graco sabía muy bien cuan grande era la irritación por él provocada entre los poderosos y que el aniquilamiento de su persona era vivamente deseado por la aristocracia romana. Todavía le protegía la inviolabilidad tribunicia como fuerte escudo que habría devuelto a la cabeza del tirador el proyectil destinado al tribuno. Tiberio se decidió, por lo tanto, presentar de nuevo su candidatura al tribunado para el año siguiente. Aparentemente esto no era contrario a las leyes en vigor, pero sí a la costumbre, al tacto y la decencia política. Para los demás cargos anuales los períodos de espera estaban arreglados en el sentido de que un funcionario quedaba excluido de la candidatura durante el año de sus funciones. Aunque el tribunado no estaba comprendido entre las magistraturas contempladas por aquella ley, se reputaba cosa natural que también los tribunos, puesto que en realidad ya no eran considerados como funcionarios particulares de la plebe, sino de todo el pueblo, tuvieran que sujetarse a la reglamentación general, como había ocurrido por largo tiempo en el pasado. La segunda candidatura de Tiberio chocaba, pues, por lo menos, contra el derecho consuetudinario generalmente reconocido. Hasta en el mismo colegio de los tribunos, inclinados en lo esencial a Tiberio, no se osó en el día de la elección, a pesar del consentimiento del pueblo, desoír las protestas violentas de los adversarios.

La elección fue aplazada para el día siguiente y Tiberio se preparó para repeler con la fuerza eventuales disturbios de los enemigos. En realidad, ya antes del comienzo de la votación se levantó un fuerte tumulto, por cuanto también el Senado había movilizado a sus partidarios. El Senado, reunido en un templo cercano a la plaza de votación, estaba en acecho para poder librarse en el momento oportuno, y bajo la apariencia de la legalidad, del odiado tribuno. Se difundían los chismes más torpes: ora se decía que Graco pretendía conservar el tribunado sin elección alguna; ora que, como ocurrió con Octavio, había declarado depuestos a todos sus colegas. Cuando Tiberio, en un momento, se tocó la cabeza para indicar el peligro que corría su vida, sus enemigos interpretaron este gesto en el sentido de que él reclamaba la diadema real. Por más estúpida que fuese la invención, ésta bastó para la nobleza   terriblemente exasperada. Su orador en el Senado, Escipión Nasica, exigió la muerte de Tiberio, y cuando el cónsul que presidía no quiso acceder a ese deseo sacrílego, todo el partido de la nobleza salió tumultuosamente del templo bajo la dirección de Nasica y arremetió contra los partida-ríos de Tiberio, utilizando trozos de sillas, bastones y otras armas semejantes. Los partidarios de Graco no habían ni siquiera imaginado ese ataque y no se atrevieron a recibir a los personajes más ilustres del Estado con las mismas armas y ni siquiera a contenerlos. Se dejaron degollar como tímidas ovejas: además del propio jefe, 300 de sus partidarios cubrieron el campo (133 a. d. C. ). La aristocracia triunfaba. Siguió sosteniendo la leyenda acerca de las veleidades monárquicas del asesinado y lo trató, lo mismo que a sus adherentes, como culpable de alta traición[47]. Al cadáver de Tiberio se le recusó el sepelio y muchos de sus partidarios fueron procesados por complot  contra  la república; a montones fueron estrangulados en la cárcel, mientras que el asesino, Escipión Nasica, fue premiado con la dignidad de Pontífice Máximo[48].