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CAPÍTULO XI

LA ULTIMA CONSTITUCIÓN ARISTOCRÁTICA Y SU DISOLUCIÓN

La Constitución de Sila fue enteramente conservadora. Para él el Senado era la única corporación verdaderamente segura y capaz, cuyo prestigio y poder había, pues, que elevar, limitando   todos   los otros   poderes. Pero no se atrevió a suprimir el valor jurídico - estatal de la soberanía popular. Espontáneamente reconoció — prescindiendo de algunas disposiciones penales— a todos los itálicos como ciudadanos romanos, tanto  más cuanto que la extensión de la ciudadanía a toda Italia contribuía esencialmente a despojar de su importancia a la Asamblea popular, órgano de la soberanía del pueblo. Más que nunca eran ahora pueblo y plebe urbana conceptos equivalentes, siendo, pues, de importancia capital establecer quién tendría el poder de dirigir según su voluntad a ese factor. Por eso el puño de Sila se hizo sentir especialmente, y de la manera más grave, sobre el Tribunado, culpable a los ojos del  dictador de haber puesto hasta ahora en forma tan eminente la fuerza del pueblo al servicio de la oposición. Sila sujetó de nuevo el derecho de iniciativa de los tribunos al previo consentimiento del Senado (págs. 67 y 107). Restringió hasta el antiguo derecho de veto ("intercessio") del que había ido desarrollándose toda la actividad de los tribunos, y estableció penalidades para los casos de abuso. Aun más profundamente hirió a esta magistratura medíante la disposición por la cual debía estar prohibido a los tribunos presentar en adelante la candidatura para cargos más elevados del Estado. Jóvenes ambiciosos iniciaban frecuentemente su carrera política independiente ocupando el tribunado. Sí éste traía ahora consigo la renuncia a las muy provechosas gobernaciones de las provincias, los aspirantes nobles tenían que permanecer alejados del mismo, por lo cual aquella magistratura perdió, por la ausencia de las grandes personalidades, mucho de su prestigio también frente y entre la multitud.

Sila limitó también los cargos ocupados ordinariamente por la aristocracia, y esto para impedir los excesos de las personalidades eminentes. La elección de adversarios a tales cargos no podía ser frustrada por ninguna medida de precaución. En el cargo ellos podían volverse peligrosos; pero, una vez concluidas sus funciones, no estaban en condición de hacer gran cosa en el Senado con su solo voto particular. Los cargos más altos fueron ligados a Italia, la que constituía ahora un territorio unificado pacífico y, por lo tanto, no precisaba un ejército permanente. Sólo después de transcurrido el período anual de función, los cónsules y los pretores iban como procónsules y propretores a las provincias, donde asumían la administración y el mando del ejército[71]. El peligro de revolución quedaba así disminuido sensiblemente. Estando lejos de la capital y, por lo tanto, sin contacto íntimo con los jefes de los partidos urbanos, el comando del ejército no podía ser explotado tan fácilmente, tanto menos cuanto que el territorio de la ciudad no debía ordinariamente ser pisado por las fuerzas armadas. A los censores Sila les quitó la facultad de completar al Senado y fijó en 600 el número de sus miembros mediante la incorporación de elementos adictos a él; y para proveer al aumento regular del Senado elevó a 20 el número de los funcionarios inferiores, los cuestores, disponiendo su ingreso en aquel alto cuerpo. Para  acrecentar aún más el prestigio del  Senado, Sila quitó a la capa rival, la caballería, los privilegios que le acordó Cayo Graco, en primer término la función de jurados, que fue restituida al Senado.

Además, Sila reglamentó el crédito con la fijación de un tipo máximo de interés y el procedimiento judicial con el aumento de las Cámaras en lo penal, por lo que se tiene la impresión de que él no se proponía exclusivamente lograr resultados momentáneos. El poder personal tuvo en sus planes escasa importancia. Cuando creyó cumplida su obra y asegurada para el porvenir, depuso, apenas sexagenario, sus facultades dictatoriales. Pero justamente aquí está su error de cálculo. Si hubiese querido ser "tirano" o regente de Roma, su acción habría dejado efectos más duraderos. Pero lo que Cayo Graco, Saturnino, Druso vieran claramente, es decir, que sólo un poder personal (monarquía), ante el cual debían desaparecer todas las otras diferencias, y no una república aristocrática, podía cumplir la misión histórica mundial de Roma, no se presentó nunca a la mente de Sila, que habría tenido la fuerza necesaria para realizar aquel plan.

Sila había concebido y concluido su obra como general. Acostumbrado a la obediencia ciega de sus legiones, creía que también a un hombre de Estado le bastara elaborar un reglamento y crear los órganos para su aplicación. No se había, pues, preocupado de establecer una base económica, en la cual hubiera podido apoyarse y mantenerse su reglamentación política. Prescindiendo de su ley de crédito, de ningún valor para el proletariado, Sila no había efectuado más que un simple cambio de partes. En el lugar de los veteranos de Mario y de los pequeños agricultores del Samnio y de otras regiones se colocó a sus veteranos. Se calcula que unos 120. 000 de éstos recibieron tierras itálicas, mientras que los expropiados se convertían en proletarios, completamente desprovistos de medios de subsistencia y carentes de trabajo. Este cambio de partes significaba un sensible empeoramiento de la cultura del país. Los pequeños propietarios echados de sus campos eran, si se exceptúan los veteranos de Mario, labradores diligentes y avezados al trabajo, mientras que los nuevos ocupantes eran guerreros desenfrenados, que en corto tiempo tenían que quebrar con gran regocijo de los grandes propietarios, hambrientos de tierras. Los expulsados se concentraban en las ciudades mayores, preferentemente en Roma, donde podían sacar alguna ventaja con el ejercicio de sus derechos políticos, a menos que prefirieran buscar el sustento por el robo y el salteamiento. La inseguridad de los caminos regionales crecía en proporciones pavorosas. Por lo demás, ¿qué otra solución les quedaba a esas existencias despojadas   de sus bienes y carentes de trabajo? Dada la competencia de los esclavos, no podían pensar seriamente en ganarse la vida por el trabajo asalariado y, además, Sila había suprimido las distribuciones de granos, las que anteriormente proveyeron en gran parte el sustento del proletariado.

Para  que  la  Constitución   silana  durara, la  primer gran tarea política del poder senatorial, nuevamente robustecido, hubiera sido la colocación de este nuevo proletariado. En las provincias había posibilidades de hacerlo y un aumento de fuerzas de trabajo  adiestradas hubiera  producido  a  aquéllas  grandes  utilidades. Tal vez Sila se haya figurado así el curso de su obra, si en general reflexionó sobre el ulterior desarrollo de su constitución. Pero tal solución del problema social no podía figurar en los planes del régimen aristocrático, recién reforzado de nuevo, pero en nada mejorado. Una romanización de las provincias, una expansión de Ja burguesía en los territorios que eran objeto de la expoliación de los círculos dirigentes, hubieran cortado el hilo vital de esa sociedad tan poco productiva. Así quedó en suspenso el problema social, el que había provocado toda la revolución, por lo cual  no hay  que  asombrarse  sí pronto tomará su venganza por tamaño descuido.

Sila mismo, al año de haber terminado su obra —así, por lo menos lo presumía—, tuvo que asistir al estallido de una nueva guerra civil. Los campesinos expulsados se organizaron en bandas e intentaron arrebatar con la violencia las tierras a los nuevos ocupantes. Sila murió durante esas convulsiones[72], pero ya antes de que cerrara los ojos, uno de sus ex partidarios más fervientes, Marco Emilio Lépido, cónsul en el año 78, había reclamado la supresión de toda la legislación silana, incluidas las proscripciones, las confiscaciones, las colocaciones de los veteranos, etc. Lépido, aunque   políticamente insignificante, no era aquel tipo perverso que nos presenta la tradición interesada y parcial. Si así fuese, difícilmente hubiera abandonado —y esto viviendo todavía Sila— el partido de la nobleza, bajo cuya protección había hecho una espléndida carrera política, para entrar en una oposición que ofrecía dudosas probabilidades de éxito. Lépido veía la miseria económica que las proscripciones, las confiscaciones, etc., de Sila habían determinado, y era de opinión de que no podía pensarse en una paz mientras Italia estuviera llena de existencias quebrantadas y sedientas de venganza. El partido del Senado estaba, por supuesto, indignado por el cambio de frente de Lépido e intentó volverle inocuo, acusándolo de haber, como gobernador, expoliado Sicilia, pero tuvo que dejar caer la acusación. Su elección a cónsul ocurrió a pesar de la decidida oposición de sus ex amigos políticos. Como cónsul, tenía que reprimir la insurrección del proletariado rural, estallada en Etruria   (Toscana), no obstante simpatizar en lo íntimo de su corazón con los insurrectos. Resolvió, pues, de acuerdo con su ejército, al cual iban agregándose a montones los insurgentes, intentar lograr con la violencia sus fines. Con esa fuerza considerable marchó sobre Roma, pero quedó derrotado bajo las murallas de la ciudad y poco después fallecía en Cerdeña de tuberculosis pulmonar. Sólo una cosa consiguió Lépido: los repartos de granos, suprimidos por Sila, fueron restablecidos, lo que, por lo menos, constituía el reconocimiento de que los expropiados tenían cierto derecho a compensaciones.

Empero, por más violenta que fuera la resistencia del partido de la nobleza a las proposiciones radicales de Lépido, el convencimiento de la insostenibilidad de la constitución silana se apoderó de círculos cada vez mayores. La aristocracia, sin el contrapeso del tribunado, de la censura y de los jurados (caballeros), se reveló como el más pernicioso de los sistemas de gobierno. Especialmente en los procesos contra los gobernadores de provincia, verdaderas sanguijuelas, salieron a la publicidad los cuadros más aterradores de la administración y de la justicia romana. En el mismo campo aristocrático se empezó a desear una oposición, como lo demuestra el hecho de que un cónsul del año 75, Cayo Aurelio Cota, intentara restablecer la constitución pre - silana; pero la ira de la nobleza le atemorizó de tal manera que él mismo propuso la abrogación de sus leyes ya aprobadas, quedando, sin embargo, en vigor la disposición por la cual los tribunos podían de nuevo aspirar a los cargos superiores.

El paso decisivo lo dieron, cinco años más tarde, dos hombres célebre: Marco Licinio Craso y Gneo Pompeyo. Ambos habían sido oficiales de Sila, honrados por éste con las más altas distinciones; pero ambos habían tenido la mejor oportunidad de conocer el valor del régimen imperante, habiendo recientemente salvado al Estado en una situación en extremo peligrosa. Pompeyo acababa de destruir finalmente los últimos restos marianos, quienes, bajo las órdenes de Quinto Sertorio, el oficial más valiente del partido de Mario, estaban a punto de establecer en España un Estado independiente; en esta guerra, Pompeyo hubo de lamentar mucho la incapacidad del gobierno de Roma[73]. Craso, por su parte, después de duras luchas había conseguido dominar una tremenda insurrección de los esclavos, contra quienes fueron inútiles dos años de esfuerzos de los ejércitos consulares[74]. A Pompeyo y a Craso, menos que a nadie, podía escapar el conocimiento de que el porvenir pertenecía a las grandes ideas democráticas de Graco, Saturnino, Sulpicio y que solamente el poder unipersonal podía aportar una solución de la situación caótica por que atravesaba la república. Ambos podían llegar muy bien, dadas las condiciones reinantes, a la creencia de ser en aquel entonces las únicas personalidades dignas de ser tomadas en consideración. Pompeyo era considerado, después de la muerte de Sila, como la primera autoridad militar y, en general, como la figura más descollante de Roma. Craso también era apreciado como general, pero su influencia estaba basada principalmente sobre sus riquezas casi inmensurables, adquiridas en su mayor parte por la explotación de las confiscaciones si-lanas. Para ambos la enemiga a quien había que vencer, era la miope camarilla del Senado, por lo cual, a pesar de su rivalidad, emprendieron juntos esta lucha.

Pompeyo y Craso fueron elegidos cónsules para el año 70: ambos contrariamente a las leyes en vigor, por cuanto el primero no había aún alcanzado el mínimo de edad previsto, y el segundo había ocupado la pretura apenas un año antes. Pero la necesidad de 'las reformas por ellos prometidas era tan viva que nadie puso reparos a su elección. En realidad, eliminaron radicalmente el régimen, a cuya implantación contribuyeron ellos mismos. A los censores se les restituyó el poder sobre el Senado y en el mismo año fueron declarados cesantes 64 senadores, es decir, más del 10 %. Los jurados fueron sustraídos a los senadores, si no totalmente, por dos tercios, teniendo que compartirlos con los caballeros y con los tribunos erariales, estos últimos hombres de confianza de las tribus y designados por elección popular[75]. Por último, también el tribunado fue reintegrado en todo su antiguo poder e irresponsabilidad.

Pompeyo y Craso se habían limitado exclusivamente al terreno político, sin tocar el problema económico - social. Eran demasiado prudentes para comprometerse y hasta arriesgar todo su porvenir político con tentativas de resolver el más difícil de todos los problemas: tentativas que sabían destinadas al fracaso hasta tanto no se hubiera creado un fuerte poder central, sin el cual no se habría podido realizar nada de justo en el campo social. No solamente la resistencia de los propietarios impedía que se tomaran medidas realmente eficaces; también el proletariado urbano quería poco más que un continuo aumento en las distribuciones de granos. Sí esos repartos bastaban para su mesa y, además, magníficos juegos satisfacían su placer de diversiones, el problema social ya casi no existía para esa sociedad.

Las leyes de los dos rivales eran muy apropiadas para crear un terreno sólido sobre el cual construir un poderoso poder central. Sólo en la competencia de los poderes —Senado, Caballería y Tribunado— una personalidad podía adquirir valor, pero no con el desgobierno indiscrecional de uno de los tres. Desde este punto de vista, Pompeyo y Craso contribuyeron muchísimo a la solución de la tensión política: con su personalidad hicieron familiar al pueblo la idea del poder unipersonal (monarquía). Hacía Pompeyo en especial modo se dirigían las esperanzas más atrevidas y la multitud estaba siempre dispuesta a contribuir por su parte al aumento de su poder y prestigio. A pesar de la resistencia encarnizada del partido del Senado, se ponían continuamente a disposición de Pompeyo dineros y soldados en tal cantidad como nunca se había hecho antes con ningún ciudadano o general romano. Aun cuando esos medios estaban destinados expresamente para combatir a los enemigos externos —los piratas y Mitridates, quien de nuevo había levantado la cabeza después de la muerte de Sila—, era "a priori" evidente que una vez absuelto su cometido no habría dejado el poder, para ocupar una banca en el Senado como los demás senadores y dar, en la baja e interesada lucha de los políticos, su voto en favor de uno u otro. Era más bien de esperarse, dada la relación entonces existente entre el ejército y su jefe, que Pompeyo, apoyado  en  sus  tropas, asumiera  realmente la regencia. ¿No habían, acaso, tanto él como Craso licenciado sólo con gran aversión a sus ejércitos, conforme lo establecía la constitución?   Nuevos laureles se le ofrecían ahora a Pompeyo, después de lo cual ya no se hubiera podido pretender de él una pasiva docilidad.